El cuerpo de la docente fue hallado el 29 de octubre en un bañado cerca de Esquina. La causa, que aún no tiene un móvil preciso, puso bajo análisis un entramado de cotos de caza, presuntas irregularidades en los controles provinciales y denuncias por tráfico de trofeos de fauna silvestre.
El cuerpo de la docente Nancy Estela Godoy fue encontrado el 29 de octubre pasado en un bañado cerca de Esquina, en la provincia de Corrientes. La autopsia determinó que murió apuñalada, aunque aún se desconoce el móvil del femicidio. Este miércoles, familiares, amigos y vecinos la despidieron en una ceremonia abierta en la Plaza 9 de Julio de Esquina.
La investigación se centra en el contexto en el que ocurrió el crimen, vinculado a la actividad cinegética de la zona. Entre las localidades de Esquina y Sauce funciona al menos una docena de cotos de caza declarados en un polígono de unas 300.000 hectáreas.
Godoy se desempeñaba como directora suplente de la escuela N° 626, del paraje El Malezal. Para llegar al establecimiento, ubicado en la estancia El Curupí, realizaba un viaje de varias horas en ruta y a caballo. La docente había denunciado el estado de abandono de la escuela rural, a la que calificó como “una escuela fantasma con alumnos fantasmas”. Según vecinos de Esquina y Sauce, el director anterior cobraba por su cargo pero no asistía.
La hipótesis de la investigación indica que parte de la estancia El Curupí podría haber sido utilizada como coto de caza ilegal para turismo cinegético, incluso sin conocimiento de sus dueños. Uno de los presuntos autores materiales del asesinato, Ireneo Antonio Zarza, capataz de la estancia, habilitaba la actividad de cazadores de sitios colindantes, aunque el terreno no estaba habilitado por la Dirección de Flora y Fauna de Corrientes, según las denuncias recopiladas.
La ley provincial 6691 prohíbe autorizar cotos de caza a menos de 1500 metros de poblados, pueblos o ciudades. Fuentes de la investigación señalaron que la escuela donde daba clases Godoy sería uno de varios establecimientos educativos que convergen con cotos de caza en la zona.
En la provincia, Esquina, Sauce y Curuzú Cuatiá son conocidas por el turismo de caza. En las adyacencias de la estancia funciona el coto AR Hunting, que según su contrato de arrendamiento mide 4000 hectáreas, aunque en redes sociales se presenta como de 20.000 hectáreas. En esas redes se muestran imágenes de cazadores extranjeros cazando ciervos, especie habilitada en la provincia.
En enero pasado, una organización internacional especializada en tráfico de fauna recibió una alerta sobre esa zona. Desde abril de 2025, un grupo de cazadores e influencers brasileños comenzó a promocionar viajes de turismo cinegético hacia Sauce y Esquina. Según la información relevada, esos cazadores aseguraban contar con “la colaboración” de un “inspector local de vida silvestre” para exportar los animales cazados como “trofeos”.
La Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco) de la Procuración General de la Nación abrió una carpeta de investigación por sospechas de contrabando a partir de un pedido de la Policía Federal Argentina, tras detectar posibles funcionarios implicados.
En Sauce, el inspector de flora y fauna Diego Miguel Ruiz Díaz fue señalado por múltiples fuentes como “un actor clave” en el presunto esquema. Trabaja ad honorem y tiene un negocio de aberturas. Su superior, el director de Recursos Naturales de la provincia, Agustín Portela, lo había catalogado como cazador furtivo en diálogo con LA NACION en junio pasado. “Varios [inspectores] lo son. Saben perfectamente dónde están las trampas y las anomalías en ese mundo”, justificó.
Consultado por estas acusaciones, Ruiz Díaz explicó que desde que es inspector, en 2021, ha recibido una serie de acusaciones del mundo cinegético local. “Hace cuatro o cinco años que estoy en esto. Al principio me volvía loco porque te dicen ‘vos sos esto, vos sos lo otro’. Acusan, acusan, y después resulta que no pasa nada porque era toda mentira”, añadió.
Entre 2022 y 2025, Ruiz Díaz acumuló nueve causas, según información de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos de Curuzú Cuatiá. Los hechos incluyen abuso de autoridad, detenciones injustificadas, ser depositario infiel, incumplimiento de deberes, hurto, lesiones leves y asociación ilícita. Fue absuelto en una de ellas y el resto permanece en trámite.
El abogado de la Dirección de Recursos Naturales de la provincia, Diego Diratchette, minimizó las denuncias y las atribuyó a una organización de cazadores disconformes que buscan manchar la imagen de la dirección. Sostuvo que tienen identificados a los participantes y que no tomarán medidas legales. “Esperamos que todas las causas se caigan por su propio peso”, justificó. Consultada por este caso, la fiscalía de Curuzú Cuatiá negó que el expediente por asociación ilícita vaya a ser archivado próximamente.