Las universidades nacionales y organizaciones del sector reclaman la ejecución del presupuesto votado por el Congreso. Un artículo académico propone reformas estructurales y mayor cooperación interinstitucional.
Las universidades nacionales y las organizaciones que las componen (estudiantiles, docentes, gremiales, de graduados e investigadores) se unieron para exigir el presupuesto votado por el Congreso Nacional. La demanda se produce en el marco de las políticas del gobierno de Javier Milei.
Las universidades públicas atienden a más de 2,5 millones de alumnos y más de un millón de pacientes en sus hospitales, según datos difundidos por el sector. Además, realizan investigaciones que aportan a organismos del Estado y a empresas privadas.
Un grupo de rectores propuso buscar acuerdos para establecer una política universitaria común, sin éxito hasta el momento. Las discusiones salariales se llevan a cabo de manera individual en cada institución.
El presidente Milei sostiene que no se necesitan políticas públicas y que se puede prescindir de la intervención del Estado en casi todos los sectores, según declaraciones públicas del mandatario.
Un artículo del Dr. en Filosofía y profesor de la Maestría en Gestión Universitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata, señala que en Argentina la atomización institucional limita el fortalecimiento del sistema universitario nacional. El texto menciona que no hay acuerdo para definir políticas que establezcan prioridades y estrategias para apoyar un proyecto de desarrollo nacional.
El autor compara la situación con la de Brasil, donde las universidades federales consensuaron estrategias comunes y crearon más de 400 incubadoras de empresas. También menciona el proceso de Bolonia en Europa, iniciado en 1999, donde las universidades acordaron reformas en los planes de estudio y adoptaron un currículo flexible.
El artículo propone reformas urgentes para adaptarse a la era de la inteligencia artificial, la globalización y la crisis de integración social de los jóvenes. Entre las iniciativas sugiere que las facultades de ingeniería contribuyan a industrializar o reaprovechar residuos en los municipios, crear una Red de Universidad Abierta Nacional y reformar las estructuras académicas con un currículo flexible.
Asimismo, plantea la necesidad de duplicar el gasto en universidad e investigación para equiparar los niveles de Brasil o Chile, y optimizar el uso de los recursos. El texto indica que la mayoría de los profesores ganan menos que los obreros de la construcción, los empleados bancarios o los camioneros, y que menos del 15% tiene contrato de dedicación exclusiva.
El autor sostiene que la autonomía universitaria debería aprovecharse para adoptar estrategias de mayor cooperación entre las universidades, políticas de apoyo al Mercosur Universitario y emprendimientos para reindustrializar el país.