Una investigación judicial registró movimientos por más de 390 millones de pesos en ocho meses y derivó en allanamientos y detenciones, entre ellas la de la pareja del empresario. Báez está condenado a 15 años de prisión y cumple pena en Ezeiza.
Una investigación judicial en la que se investiga a Lázaro Báez por presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita registró movimientos por más de 390 millones de pesos en ocho meses, según la información presentada en una audiencia ante la Justicia Federal de Río Gallegos.
La causa, caratulada como “Báez, Lázaro Antonio, Insaurralde, Claudia Noemí, Ibáñez, Cristian Sebastián y otros s/ lavado de activos, asociación ilícita y otros”, se inició el 25 de septiembre a partir de información obtenida de comunicaciones telefónicas de uno de los imputados con Báez.
De acuerdo con el informe que forma parte del expediente, entre el 1 de diciembre de 2025 y el 7 de agosto de 2026 se registraron 677 operaciones por 380.620.089 pesos.
La investigación fiscal sostiene que, desde la cárcel, el empresario daba órdenes mediante el teléfono fijo del pabellón donde se encuentra detenido y que, por debajo de él, se encontraban su pareja Claudia Insaurralde, Cristian Sebastián Ibáñez y al menos diez personas más. Según la reconstrucción de los hechos, la organización operaba sobre un patrimonio ya existente pero alcanzado por embargo, decomiso o depósito judicial.
El martes pasado se allanó la celda de Báez y se lo dejó incomunicado. Fuentes judiciales indicaron que durante el registro se hallaron cuadernos con descripciones de movimientos de dinero sobre campos, departamentos y otros inmuebles sujetos a decomiso.
En paralelo, se realizaron 27 allanamientos en El Calafate, Río Gallegos, dos estancias y la ciudad de Buenos Aires, en el marco de dos causas conexas que investigan narcotráfico y lavado de dinero. Además, fueron detenidos y quedaron incomunicados Claudia Insaurralde, pareja de Báez, y Cristian Sebastián Ibáñez con su pareja en el aeropuerto de Ezeiza, cuando arribaban en un vuelo procedente de Río Gallegos. Se les secuestraron cuatro valijas grandes.
El juez federal Claudio Vázquez consideró que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, por lo que dispuso las incomunicaciones y ordenó continuar con los allanamientos simultáneos solicitados por la Unidad Fiscal de Río Gallegos y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La investigación por narcotráfico que dio origen a esta causa se vincula con la de lavado por tres elementos: el uso de un Ford Mondeo propiedad de Báez; el relato de un imputado sobre una inspección de maquinaria “del tío Lázaro” en la provincia de Corrientes; y el secuestro de un camión Scania el 24 de septiembre en el puesto policial de entrada a Río Gallegos con documentación falsa.
La fiscalía solicitó el levantamiento del secreto bancario, el congelamiento de cuentas, la inhibición general de bienes y la declaración de caso complejo. La calificación provisional tipifica los delitos como asociación ilícita, lavado agravado, insolvencia fraudulenta y defraudación.
Báez cumple una condena de 15 años de prisión y se encuentra alojado en la cárcel de Ezeiza.