El Gobierno nacional ratificó por Decreto 1296/2026 la continuidad del refuerzo previsional para jubilados de menores ingresos. Desde marzo de 2024, el monto permanece fijo en $70.000, mientras la inflación acumulada supera el 159%, según datos oficiales.
El Gobierno nacional ratificó mediante el Decreto 1296/2026 la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 para los jubilados y pensionados de menores ingresos. El refuerzo se mantiene sin actualización por inflación desde su implementación en marzo de 2024, acumulando 32 meses consecutivos de congelamiento.
De acuerdo con los números oficiales relevados a finales de octubre de 2026, el extra perdió el 70% de su capacidad de compra original. Este desplome responde al ritmo inflacionario acumulado desde marzo de 2024 hasta el último registro estadístico del INDEC, período en el cual los precios al consumidor acumularon una suba superior al 159%.
Para recuperar el mismo valor adquisitivo que tenía al momento de su puesta en marcha, los $70.000 nominales deberían alcanzar hoy los $231.253. Esta brecha implica que cada jubilado que percibe el haber mínimo deja de recibir $161.253 por mes debido a la falta de actualización del refuerzo.
La pérdida de peso relativo del bono también se refleja en su incidencia dentro del ingreso de los adultos mayores. En marzo de 2024, este concepto equivalía al 34,2% del total que cobraba un jubilado de la mínima. Con el incremento de la movilidad previsional correspondiente a noviembre de 2026, que elevó el haber base a $444.158,46, el bono de $70.000 pasó a representar el 13,6% del total percibido, fijando un ingreso bruto final de $514.158,45.
El haber base se actualiza mensualmente atado a la evolución de la inflación con dos meses de rezago. La decisión de mantener el bono fijo en $70.000 establece un desfasaje estructural en la pirámide previsional, ya que el refuerzo no acompaña la suba de los precios generales ni la de los propios haberes de base.
Como consecuencia de este esquema, los ingresos de la escala previsional más baja continúan operando al límite o por debajo de la Canasta Básica Total (CBT) medida por el INDEC. Los reclamos en el ámbito judicial y los informes del sector advierten que la confiscatoriedad del bono congelado profundiza el deterioro de millones de jubilados y pensionados en todo el país.