El presidente del Colegio de Abogados de Córdoba y candidato titular de la Lista 3 Unidad en Defensa de la Abogacía planteó siete compromisos vinculados con concursos, ejercicio profesional, transparencia, funcionamiento judicial, modernización y formación.
Buenos Aires, 19 octubre (NA) – Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba y candidato titular de la Lista 3 Unidad en Defensa de la Abogacía, propuso incorporar una agenda federal al Consejo de la Magistratura.
Las elecciones se realizarán el 20 de octubre y definirán a los representantes de la abogacía con matrícula federal para el período 2026-2030. Bittar ocupa el tercer lugar entre los candidatos titulares de la lista encabezada por Alberto Biglieri e integrada también por Claudia Sarmiento y Jazminka Mihaljevic.
“Hace años que Córdoba no tiene una voz en el Consejo de la Magistratura de la Nación y mucho menos una voz fuerte”, afirmó Bittar al explicar el sentido de su postulación.
Uno de los ejes de la candidatura es trasladar al ámbito nacional una forma de gestión desarrollada en el Colegio de Abogados de Córdoba, basada en identificar problemas concretos del ejercicio profesional, construir consensos institucionales y transformarlos en una agenda de trabajo.
Durante la gestión encabezada por Bittar, el Colegio impulsó la reforma del Código Arancelario provincial, amplió su política de capacitación profesional, incorporó una agenda de modernización e inteligencia artificial y promovió espacios de diálogo institucional frente a conflictos que afectaron el funcionamiento de la Justicia.
“Tenemos que garantizar que se respete la igualdad de acceso a los cargos de la Magistratura”, sostuvo el candidato, quien propuso modificar el Reglamento de Concursos para que la experiencia del abogado independiente sea valorada en igualdad de condiciones con la carrera desarrollada dentro del Poder Judicial.
Según los datos citados por Bittar, de 168 pliegos aprobados en el último período, solamente seis correspondieron a profesionales provenientes del ejercicio independiente. Para revertir esa situación, la Lista 3 propone procedimientos objetivos y previsibles, respeto sustancial del orden de mérito, publicidad de todas las etapas y reducción de los márgenes de discrecionalidad.
La agenda también incluye concursos para el ingreso del personal a los Tribunales Federales. Bittar señaló que Córdoba cuenta desde hace tres décadas con ese mecanismo en la Justicia provincial y planteó que su aplicación en el ámbito federal permitiría ampliar las oportunidades de acceso y establecer criterios objetivos.
En materia de ejercicio profesional, la propuesta plantea promover el respeto efectivo de la Ley 27.423, poner en agenda las demoras en las regulaciones y defender el carácter alimentario de los honorarios profesionales. También busca simplificar el acceso a la matrícula federal y reducir trámites duplicados para profesionales del interior.
“No puede haber diferenciación. Ni con la matrícula ni con la regulación de honorarios”, remarcó Bittar.
La situación de la Justicia Federal ocupa otro lugar prioritario en la propuesta, que identifica juzgados vacantes, concursos demorados, falta de personal, limitaciones edilicias, problemas de conectividad y atraso tecnológico con impacto directo en los expedientes.
La Lista 3 propone acelerar los procesos de selección, mejorar el equipamiento y los sistemas de gestión e incorporar herramientas de automatización e inteligencia artificial bajo criterios de transparencia y supervisión humana.
Unidad en Defensa de la Abogacía formalizó siete compromisos para su actuación en el Consejo: selección de magistrados basada en mérito, idoneidad e igualdad; independencia judicial con responsabilidad institucional; defensa del ejercicio profesional; publicidad de posiciones y rendición de cuentas; evaluación objetiva del desempeño judicial; modernización responsable; y formación judicial federal, abierta y plural.
La propuesta incluye además la promoción de un Código de Ética Judicial, procedimientos disciplinarios eficaces y con plazos razonables, y la publicación de los votos y posiciones de los representantes de la abogacía en decisiones institucionalmente relevantes.
“No queremos solamente ocupar una silla. Queremos que Córdoba vuelva a tener voz y que los problemas reales de la abogacía formen parte de las decisiones del Consejo”, sintetizó Bittar.