La decisión se produce después de que el Tribunal Constitucional avalara la aplicación de la amnistía al delito de malversación; el expresidente catalán podría regresar a España tras casi nueve años fuera del país.
MADRID.– El Tribunal Supremo de España dejó sin efecto este martes la orden nacional de busca y captura y detención contra el líder independentista catalán Carles Puigdemont, informó el tribunal. La medida también alcanza a los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig.
La decisión se produjo horas después de que el Tribunal Constitucional avalara la aplicación de la ley de amnistía a los delitos de malversación cometidos en el marco del proceso independentista. El fallo del Constitucional corrige la interpretación que había hecho hasta ahora el Supremo y, en la práctica, desbloquea el regreso de Puigdemont.
«El magistrado de la Sala Penal del Supremo Pablo Llarena ha dictado hoy un auto en el que deja sin efecto, con carácter inmediato y hasta nueva resolución judicial expresa, las órdenes nacionales de busca y captura y detención», informó el tribunal.
La suspensión es provisional y queda pendiente de una nueva resolución judicial. Puigdemont, a diferencia de otros dirigentes independentistas, nunca fue juzgado ni encarcelado en España y permanecía fuera del país desde octubre de 2017.
La decisión del Constitucional pone fin a la principal disputa jurídica sobre el alcance de la norma y permite que los dirigentes del proceso independentista beneficiados por la amnistía puedan recuperar plenamente sus derechos políticos, incluida la posibilidad de presentarse a elecciones.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostuvo que la decisión permitirá a Cataluña «mirar hacia adelante». «Con ello también ayudamos a la sociedad catalana, como ha venido demandando durante todo este tiempo», afirmó.
El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, afirmó que su formación respetó tanto la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo sobre el procés como la decisión conocida este martes, pero cuestionó la ley de amnistía y acusó a Sánchez de haberla utilizado para mantenerse en el poder. «Nada puede borrar que la amnistía es otro engaño más de Sánchez», sostuvo, y agregó que «vender favores a cambio de poder debe castigarse en las urnas». Feijóo reclamó un cambio de gobierno y afirmó que España merece «un Gobierno que vuelva a poner por delante la verdad, la ley y la igualdad de todos los españoles».
El fallo del Constitucional
El Tribunal Constitucional aprobó por siete votos contra cinco una sentencia que ordena al Supremo aplicar la amnistía también al delito de malversación por el que fueron condenados o procesados varios dirigentes independentistas.
La sentencia, cuyo ponente fue el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, considera que el Supremo vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva al rechazar la aplicación de la amnistía a la malversación mediante una interpretación «extensiva, contraria al espíritu y finalidad de la norma».
El tribunal entendió que la ley sí contempla los delitos de malversación cometidos para preparar, realizar o favorecer el proceso independentista. Por ello, ordenó al Supremo dictar una nueva resolución que declare amnistiado ese delito.
Los cinco magistrados del bloque conservador votaron en contra y sostuvieron que el Constitucional se extralimitó al asumir un papel que corresponde a la jurisdicción ordinaria en la interpretación de la ley.
El regreso de Puigdemont
Puigdemont, entonces presidente de la Generalitat, se marchó a Bélgica pocos días después de que el Parlamento catalán declarara unilateralmente la independencia el 27 de octubre de 2017. Otros miembros de su gobierno fueron detenidos y posteriormente condenados, mientras él evitó ser arrestado.
Desde entonces solo regresó brevemente a España en 2024, antes de volver a abandonar el país.
La situación cambió este martes con las decisiones de los dos tribunales. La aplicación de la amnistía al delito de malversación elimina el principal obstáculo judicial que impedía el regreso de Puigdemont, aunque la orden del Supremo queda por ahora suspendida de manera provisional.
La ley de amnistía fue aprobada definitivamente en mayo de 2024 y entró en vigor en junio de ese año. Su aprobación fue una pieza central del acuerdo que permitió a Sánchez mantenerse en el poder tras las elecciones de 2023, gracias al apoyo de los partidos independentistas catalanes, entre ellos Junts per Catalunya, de Puigdemont.
La norma fue cuestionada por la oposición de derecha y abrió una prolongada batalla judicial. En julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló la ley y consideró que una amnistía puede formar parte de las prerrogativas de los Estados miembros cuando persigue, entre otros objetivos, la reconciliación nacional.
Tensión política
La decisión llega en un momento de tensión política en España. Junts retiró hace un año su apoyo al Gobierno minoritario de Sánchez y su oposición fue decisiva la semana pasada para que dos decretos sobre vivienda no fueran aprobados. La falta de respaldo parlamentario llevó al presidente socialista a convocar el lunes elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.
El regreso de Puigdemont podría añadir una nueva fuente de tensión a la campaña, aunque el independentismo ha perdido fuerza en Cataluña y los electores muestran una preocupación creciente por cuestiones como la seguridad y la inmigración.
Junts, sin embargo, podría conservar un papel decisivo ya que el conservador Partido Popular encabeza las encuestas y, si no obtiene mayoría, podría necesitar el respaldo de esta formación y de otros partidos de centroderecha para formar gobierno.
Agencias AFP y Reuters y diario El País