La administración Trump impulsa cambios en el voto por correo y en los registros electorales, mientras una jueza federal bloqueó partes de la orden ejecutiva. El caso llegó a la Corte Suprema.
Las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos quedaron en medio de una disputa entre el gobierno de Donald Trump y los tribunales federales. El presidente impulsa cambios sobre el voto por correo y la administración de los registros electorales, mientras una jueza de Massachusetts frenó partes de sus medidas al considerar que el Ejecutivo intenta intervenir en competencias que corresponden al Congreso y a los estados.
El decreto de Trump sobre el voto por correo
El gobierno de Trump busca implementar un decreto que modificaría aspectos centrales del voto por correo antes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre. La administración federal sostiene que las medidas forman parte de un esfuerzo para reforzar la seguridad electoral, pero sus detractores consideran que el presidente pretende asumir atribuciones que la Constitución reserva a los estados y al Congreso.
Según un análisis de CNN publicado el 11 de agosto, Trump no descartó la posibilidad de declarar una emergencia de seguridad nacional para intentar ejercer un control más amplio sobre los comicios de 2026. Esta alternativa surgió ante la falta de aprobación de la denominada ‘Ley SAVE America’.
En ese escenario, Trump podría imponer medidas como identificación con fotografía, comprobantes de ciudadanía para el registro electoral y restricciones al voto por correo. CNN señaló que el republicano suele negarse a descartar escenarios hipotéticos, incluso cuando son extremos.
La lista federal de votantes ordenada por Trump
La primera derrota judicial para Trump llegó con la sentencia de fines de junio, cuando la jueza Indira Talwani anuló disposiciones de la Orden Ejecutiva 14399 relacionadas con la creación de un registro nacional de votantes. La jueza determinó que el presidente no tiene facultades para introducir por sí mismo modificaciones de alcance nacional en la administración de las elecciones federales. La demanda fue presentada por una coalición de 23 estados y el Distrito de Columbia.
Uno de los puntos centrales del decreto consistía en ordenar al Departamento de Seguridad Nacional y a la Administración del Seguro Social que elaboraran un listado nacional de ciudadanos habilitados para votar. Quienes no formaran parte de estos registros no podrían recibir boletas para emitir sufragio por correo.
Nuevo bloqueo judicial ampliado
El martes 11 de agosto, la jueza Talwani amplió el alcance de la disputa a menos de 90 días de las elecciones. Bloqueó al Servicio Postal de EE.UU. para que no pudiera implementar la parte del decreto que condicionaba la entrega de boletas por correo a que los estados proporcionaran listas de votantes elegibles. Según Reuters, la decisión representa un nuevo revés para el intento de Trump de ampliar la intervención del gobierno federal en la supervisión de las elecciones. El fallo extendió a todo el país una prohibición que inicialmente había alcanzado a 23 estados, en su mayoría gobernados por demócratas.
El gobierno apela ante la Corte Suprema
La administración Trump pidió a la Corte Suprema que permitiera implementar la medida antes de noviembre, después de que la jueza federal de Massachusetts bloqueara partes de la orden ejecutiva en dos procedimientos diferentes. Según CNN, el gobierno considera urgente obtener una decisión porque necesita tiempo para poner en funcionamiento las nuevas disposiciones antes de las elecciones legislativas.
El procurador general John Sauer sostuvo ante el máximo tribunal que las decisiones judiciales podrían impedir que la administración implemente la tercera sección del decreto a tiempo. La jueza Talwani intervino por primera vez en junio, después de una demanda presentada por una veintena de estados. Posteriormente, volvió a bloquear la medida a nivel nacional tras un nuevo reclamo presentado por organizaciones.
Talwani también sostuvo que la administración Trump no había presentado pruebas suficientes de un fraude relacionado específicamente con el voto por correo que justificara la intervención presidencial. En una de sus decisiones, afirmó que los demandados habían hecho muy poco para defender la orden ejecutiva en sus fundamentos.