Un informe del Instituto Consenso Federal estimó que los fondos fiduciarios del Estado nacional acumularon excedentes sin ejecutar por aproximadamente u$s4.000 millones entre 2024, 2025 y la proyección para 2026. El relevamiento señala que parte de esos recursos no se destinó a su asignación específica y fue derivada a inversiones financieras.
El Instituto Consenso Federal difundió un informe en el que estima que los fondos fiduciarios del Estado nacional acumularon excedentes sin ejecutar por aproximadamente u$s4.000 millones entre 2024, 2025 y la proyección para 2026. El relevamiento, dirigido por Alejandro “Topo” Rodríguez, sostiene que parte de esos recursos no se aplicó a los destinos previstos y fue derivada a inversiones financieras, bajo instrucción del ministro de Economía, Luis Caputo.
El informe se basa en los informes de “Ejecución Presupuestaria de los Fondos Fiduciarios del Estado Nacional”, publicados por la Secretaría de Hacienda. Según el trabajo, en 2024 el superávit de todos los fondos fiduciarios alcanzó el equivalente a u$s2.030 millones, medido al valor promedio anual del dólar de ese año. Para 2025, el excedente informado fue de u$s973 millones, también al valor promedio anual del tipo de cambio. En el primer trimestre de 2026, el superávit llegó a u$s239 millones. Proyectado de manera aritmética para todo el año, el instituto estimó un excedente anual de u$s956 millones.
El documento recuerda que el Gobierno anunció al inicio de la gestión su objetivo de eliminar fideicomisos públicos por más de u$s2.000 millones, a los que definió como “una caja de la política”. Sin embargo, los fondos fiduciarios que siguen vigentes continuaron acumulando recursos por encima de sus gastos ejecutados.
Entre los fideicomisos mencionados figuran el Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte, el Fondo de Infraestructura Hídrica, el Fondo destinado a descuentos en las tarifas de gas por Zona Fría, el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, el Fondo Fiduciario del Servicio Universal Argentina Digital, el Fondo Fiduciario Pro.Cre.Ar, el FONDEP, el FOGAR, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el Fideicomiso Red de Autopistas y Rutas Seguras.
El informe señala una “desinversión” en infraestructura vial y vincula ese cuadro con el manejo de recursos provenientes del impuesto a los combustibles. Según el documento, el Gobierno recaudó ese impuesto de manera regular, pero no habría destinado la totalidad de los fondos a la finalidad prevista por la ley. Rodríguez también cuestionó la intención oficial de avanzar con un esquema de traspaso o administración de rutas hacia provincias. “Ahora Milei pretende resolver la desinversión en rutas con la entrega de una ‘franquicia’ de Vialidad Nacional a nueve provincias, a las que no les transfiere recursos”, señaló el exdiputado nacional de Consenso Federal.
En relación con el Fondo de Descuentos en Gas por Zona Fría, Rodríguez afirmó: “Todo indica que Milei y Toto Caputo están buscando un superávit de recursos del Fondo Fiduciario para el Descuento de Tarifas de Gas, lo que supondría un destino de inversión financiera de esos fondos”. El informe plantea que el cambio implicaría una reducción del universo de beneficiarios y una suba del cargo adicional que se paga en la factura, de 7,5% a 11,25%, lo que dejaría a más de 3 millones de hogares sin descuentos por Zona Fría.
La discusión se centra en el rol de los fondos fiduciarios dentro de la política fiscal. Para el Gobierno, la reducción del gasto y la eliminación de estructuras consideradas ineficientes forman parte del ordenamiento de las cuentas públicas. Para los críticos, la acumulación de excedentes en fondos con asignación específica puede implicar una subejecución de recursos destinados a infraestructura, transporte, energía o programas productivos.
De confirmarse la proyección para 2026, los excedentes acumulados en tres años se ubicarían cerca de los u$s4.000 millones. El dato alimenta el debate sobre si esos recursos deben computarse como parte del resultado fiscal o si deberían analizarse en función del cumplimiento efectivo de los destinos para los cuales fueron recaudados.