El ministro de Salud cuenta con el respaldo de Javier Milei, pero en el oficialismo admiten que el caso podría escalar. Dos exfuncionarias de la Anmat fueron detenidas y luego excarceladas.
La semana pasada, el oficialismo enfrentó múltiples problemas de gestión, incluyendo el paro de los prácticos y el avance de la ley de propiedad privada. En ese contexto, la detención de dos exfuncionarias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) por las muertes por fentanilo contaminado sumó un nuevo frente en la Casa Rosada. Del expediente judicial surgen alusiones al ministro de Salud, Mario Lugones.
Fuentes de la Casa Rosada consultadas por LA NACION indicaron que la tragedia del fentanilo, que ocasionó al menos 90 muertes, es un escándalo latente mientras avanza el expediente en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak. Lugones permanece en su cargo y Javier Milei replicó el sábado un tuit suyo sobre gestión sanitaria. No obstante, hay preocupación en el oficialismo por las derivaciones del caso.
“A Mario se lo ve tranquilo, pero sabe que si la política quiere herirlo, lo puede meter en el medio de la escena”, señalaron personas que vieron al ministro en los últimos días. En agosto de 2025, Lugones se quebró y lloró en una entrevista: “Es un atentado a la gente, no tienen derecho a hacer lo que hicieron, es de mala gente hacer esto”, dijo en referencia a los involucrados en la producción de la droga elaborada en Laboratorios Ramallo y comercializada por HLB Pharma, ambas propiedades del detenido Ariel García Furfaro.
Hace una semana, la exjefa de la Anmat Nélida Agustina Bisio y la exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) Gabriela Mantecón Fumadó fueron detenidas. La hipótesis de la fiscal federal María Laura Roteta y del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Leonardo Rodríguez, sostiene que las exfuncionarias tuvieron responsabilidad en la producción, comercialización y suministro del fentanilo contaminado. Según el Ministerio Público Fiscal, operó un “manto de cobertura estatal”. El viernes pasado, ambas fueron excarceladas tras una caución real de 75 millones de pesos, solventada con inmuebles en garantía.
Mantecón Fumadó declaró que Lugones era informado de las decisiones sobre Ramallo y HLB, y que había promovido el cierre del laboratorio. La exjefa del Iname fue despedida en agosto de 2025, mientras avanzaba la investigación penal iniciada en mayo de ese año. Bisio, que estaba al frente de la Anmat, fue sostenida por Lugones un tiempo más y renunció en enero de 2026.
El día de la detención de ambas coincidió con la Cena Anual Consenso de Salud 2026. Lugones asistió y dio un discurso sobre la gestión libertaria del sector. En el Gobierno aseguraron que no hay colaboración con la situación judicial de las exfuncionarias, a las que “se les soltó la mano desde hace tiempo”, y repitieron: “Que la Justicia actúe con celeridad; que todos los responsables estén tras las rejas”.
Voces del oficialismo indicaron que los avances del caso no generaron un escándalo interno ni medidas drásticas. Tampoco se activaron terminales judiciales respecto del expediente. No obstante, asumieron: “Obvio que genera ruido el tema, sobre todo porque este gobierno no tiene un buen abordaje de crisis. Hay que ver hasta dónde escala”. Otra fuente expuso: “Es grave para todos en la gestión, pero no le dieron tanta importancia”.
El ministerio también enfrenta desinteligencias entre el estratega Santiago Caputo, que maneja políticamente la cartera desde Argentina, y su socio Rodrigo Lugones, hijo del ministro, que da instrucciones desde España. Además, sufrió coletazos por el avance judicial del caso que investiga sobreprecios y otras irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), bajo la órbita de Salud.
En el kirchnerismo, que se vio salpicado por los negocios de García Furfaro, esperan que el próximo 19 de agosto, cuando sesione la Cámara de Diputados para tratar proyectos enviados por Milei, se pueda forzar el tratamiento en comisiones de una nueva ley de Anmat. De esta forma, buscarían reinsertar el tema fentanilo en la discusión pública.
Referentes de distintos sectores políticos coinciden en que la Anmat, un organismo descentralizado del Ministerio de Salud y autárquico, debería tener una ley que regule su funcionamiento. Afirman que hay grises en las normas de procedimiento que quedaron expuestos con las muertes por fentanilo. En el Gobierno, Lugones impulsa una reforma del área.
“La Anmat, que controla la industria farmacéutica, tiene una estructura débil con salarios bajos. Es un tema complicado”, comentó un dirigente político, que también señaló los vínculos de droguerías y laboratorios con el financiamiento de campañas políticas.
Durante 2025, en Diputados funcionó la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo contaminado y/o adulterado, presidida por la socialista Mónica Fein. Participaron familiares de las víctimas. La comisión dio exposición al caso, pero el triunfo electoral libertario de octubre diluyó su presión. Lugones no asistió a esa instancia; remitió preguntas por escrito.
“Al comienzo de la denuncia, los familiares estuvieron en la soledad más horrible”, recordó un dirigente, que definió lo ocurrido como “la máxima tragedia sanitaria argentina”, el mismo término que emplearon otros colegas.