La Prefectura Naval Argentina ordenó a 536 trabajadores de practicaje y pilotaje retomar sus tareas tras el paro por tiempo indeterminado que paralizó el comercio exterior. La medida se publicó en el Boletín Oficial y advierte sobre sanciones disciplinarias y posibles denuncias penales.
La Prefectura Naval Argentina (PNA) intimó este martes a 536 trabajadores de servicios de practicaje y pilotaje a retomar sus actividades de manera inmediata, tras el paro por tiempo indeterminado que afecta la operatoria portuaria. La medida fue oficializada mediante un edicto publicado en el Boletín Oficial, en respuesta a la suspensión de tareas que se inició luego del decreto de desregulación del servicio.
El conflicto comenzó con la decisión del Poder Ejecutivo de modificar el régimen de practicaje vigente desde 1991. La nueva normativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y firmada por el presidente Javier Milei, crea un registro abierto de profesionales bajo administración de la PNA, habilita a los usuarios a elegir libremente a sus prestadores, elimina barreras de ingreso, fija tarifas máximas a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y obliga a publicar los precios del servicio.
Según informó Infobae, la medida de fuerza dejó el comercio exterior “totalmente paralizado”. Fuentes del caso indicaron que “toda la carga de granos, de combustible y otras mercaderías está detenida en los puertos” y que la situación se agravará con el correr de las horas.
En el edicto, la PNA subrayó su carácter de autoridad con responsabilidad operativa y disciplinaria sobre el Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje, y notificó a los profesionales incluidos en el anexo que deben “ponerse a disposición” para cumplir de manera regular y reglamentaria sus funciones. El texto cita los artículos 190 y 194 del Código Penal, que establecen penas de prisión para quienes pongan en peligro la seguridad de una nave o impidan el normal funcionamiento de los transportes por agua.
El decreto también suprime la segmentación geográfica que exigía cambiar de profesional durante un mismo trayecto, flexibiliza las condiciones de traslado y amplía los supuestos de exención para ciertos buques. Además, incorpora mecanismos para asegurar la continuidad del servicio ante situaciones excepcionales.
Los trabajadores del sector acordaron dejar de asistir a cualquier buque argentino o extranjero hasta que el Poder Ejecutivo suspenda o derogue la norma. La medida afecta las maniobras de ingreso y salida de embarcaciones en ríos, canales y puertos, tarea obligatoria en gran parte de la navegación comercial por las características de la Hidrovía y los accesos portuarios del país.
El Centro de Navegación (CNAV), cámara que agrupa a las agencias marítimas responsables de más del 80% de las cargas del comercio exterior argentino, alertó que al menos 140 buques quedaron pendientes de confirmación del servicio. La entidad advirtió sobre pérdidas millonarias en divisas, incumplimiento de contratos y riesgo de que plantas productivas agoten su capacidad de almacenamiento. Varias operaciones fueron redireccionadas al puerto de Montevideo y a puertos del sur de Brasil.
La Cámara Argentina de Energía (CADE) informó que las operaciones de todas sus empresas asociadas quedaron interrumpidas, con riesgo de dificultades en el abastecimiento de combustible. Los muelles afectados incluyen Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova, terminales de distribución de nafta, gasoil, fuel oil y crudo hacia las refinerías del país.
Entre las operaciones suspendidas figura la del buque de transporte pesado White Marlin, cuya participación era necesaria para tareas vinculadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro. La embarcación permaneció fondeada fuera del puerto al no contar con un práctico para ingresar.