A 12 días de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, el mandatario saliente Gustavo Petro insistió en que la segunda vuelta del 21 de junio debe ser sometida a una auditoría independiente, basándose en un análisis forense del colectivo Testigos Digitales.
El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró el domingo 26 de julio su denuncia de fraude en la segunda vuelta electoral del 21 de junio, que dio como ganador a Abelardo de la Espriella. En una misiva publicada por su despacho, Petro señaló que los comicios deben someterse a una revisión independiente, basándose en los hallazgos del colectivo Testigos Digitales.
Según el comunicado, el análisis forense identificó 14.400 mesas con comportamientos atípicos, un margen que supera la diferencia oficial del 0,96% con la que De la Espriella se impuso sobre el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro. El documento también reportó inconsistencias en censos electorales que, según los autores, superan la población estimada en algunos casos, por lo que la contienda debería ser declarada nula.
Petro ya había mencionado en su cuenta de X que las pruebas del supuesto fraude estaban “judicializadas” y remitió a una página web donde se presentó un compendio de la revisión de 700.000 documentos. De acuerdo con ese registro, el 97,4% de los documentos carecía de metadatos y ninguno tenía firma criptográfica, lo que, según la denuncia, evidencia falta de atributos de autenticidad e integridad.
El análisis forense de Testigos Digitales incluyó un examen estadístico de 122.017 mesas de votación, un peritaje sobre los formularios E-14 publicados por la Registraduría Nacional del Estado Civil y una demanda de nulidad electoral radicada ante el Consejo de Estado. El estudio fue elaborado por un equipo de ingenieros, estadísticos y abogados, y sus conclusiones justificarían la realización de una auditoría independiente sobre la segunda vuelta presidencial.
La denuncia también señaló que los formularios E-14 de 2026 carecen de trazabilidad en comparación con los de 2022, ya que no incluyen metadatos, huellas digitales, hashes de seguridad ni rutas de publicación. En la cronología difundida por el colectivo, se afirmó que en 2022 los documentos electorales contaban con mecanismos de seguridad digital activos, pero que en 2023 esos elementos fueron eliminados, generando una “asimetría de información” para los ciudadanos.
La demanda de nulidad electoral presentada ante el Consejo de Estado solicita una inspección judicial de los sistemas de la autoridad electoral, la exhibición de registros técnicos y una revisión integral de los formularios E-14, E-24 y E-26. Si la verificabilidad de ciertas mesas resultara comprometida, se pediría un nuevo escrutinio. “La confianza ciudadana no se fortalece ignorando las inquietudes técnicas ni descalificando el control ciudadano”, expresó la presidencia.