La Audiencia Provincial de Zaragoza ordenó investigar el cambio registral de un hombre denunciado por violencia de género, quien admitió ante la Guardia Civil que lo hizo para «blindarse» contra ese tipo de acusaciones.
La Audiencia Provincial de Zaragoza solicitó que se investigue el cambio registral de sexo de un hombre denunciado por violencia de género. El acusado, con antecedentes por el mismo delito, declaró ante la Guardia Civil que realizó el cambio «con el único fin de blindarse contra este tipo de denuncias, porque se siente en desigualdad de derechos con las mujeres», según consta en el auto judicial.
El tribunal estimó el recurso presentado por la esposa del acusado, quien interpuso la denuncia. Un juzgado de Violencia sobre la Mujer había dictado un auto de inhibición al comprobar que el cambio de género en el registro se efectuó antes de los hechos denunciados. Al ser la presunta autora una mujer, los hechos no podrían juzgarse como violencia de género y deberían pasar a un órgano de instrucción.
La Audiencia de Zaragoza recordó que esta persona tenía antecedentes por violencia de género contra la misma víctima antes del cambio registral. El tribunal expresó que «el hecho de que dicha persona cuente con varios antecedentes penales por actos de violencia de género previos a ese cambio de sexo nos lleva a detectar una sospecha fundada de que el nuevo sexo registral pudo producirse con fraude de ley, prohibido expresamente por el artículo 6.4 del Código Civil». Añadieron que «caso de que la finalidad perseguida con la rectificación de la mención registral relativa al sexo fuera la de eludir la aplicación de la normativa específica de violencia de género, y no el libre desarrollo de la identidad sexual, estaríamos, indudablemente, ante un fraude de ley».
La Audiencia encargó la investigación a un magistrado de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia, a quien recordaron que está «en juego la vulneración de los derechos de la víctima, con la correlativa puesta en riesgo de su protección integral». Dependiendo de los resultados, el caso continuaría como violencia de género o pasaría a un tribunal de instancia normal.
Desde la entrada en vigor de la Ley Trans, que permite el cambio registral de sexo para personas transgénero, otros acusados de violencia de género intentaron cambiar legalmente de género para evitar el agravante en su condena. Un caso conocido fue el de Candy, condenado a 11 meses de prisión por amenazas a su expareja. Candy tenía antecedentes por violencia de género con anteriores parejas. El 11 de septiembre de 2023 fue condenado en firme y se ordenó su ingreso en prisión, pero pidió el indulto por haberse inscrito como mujer en el Registro Civil. Tras ese cambio, continuó vigilando y amenazando a su expareja. El cambio de género permitió alargar los trámites judiciales dos años, y finalmente su caso no fue juzgado como violencia de género, pero fue condenado a 11 meses de prisión en marzo pasado, sumados a 15 meses por amenazas anteriores.