El Tribunal Supremo estimó parcialmente un recurso de Sacyr contra el cálculo de indemnizaciones por el rescate de dos autopistas radiales de Madrid, y urgió al Gobierno a recalcular y pagar sin más demora.
El Tribunal Supremo estimó parcialmente un recurso contencioso-administrativo interpuesto por Sacyr contra el cálculo que realizó el Gobierno de las indemnizaciones correspondientes al rescate de dos de las nueve autopistas de peaje construidas durante el Gobierno de José María Aznar, que quebraron durante la crisis financiera y fueron rescatadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
En una sentencia fechada el 2 de junio, a la que accedió Europa Press, el Alto Tribunal se apoyó en jurisprudencia previa para instar al Gobierno actual a recalcular las indemnizaciones y pagar a las concesionarias por las inversiones realizadas, que ahora pertenecen al Estado.
La sentencia anula la resolución complementaria aprobada por el Consejo de Ministros el 27 de diciembre de 2023 para liquidar la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) tras la quiebra y rescate de las autopistas de peaje radiales R-3 y R-5 de Madrid, así como un tramo de la M-50. Esa resolución establecía un pago de 570 millones de euros a la concesionaria, un incremento de 451 millones respecto al cálculo anterior, luego de que el Supremo anulara la fórmula inicial por no ajustarse a derecho.
El Supremo reprochó al Ejecutivo que el proceso para determinar la RPA llevara más de diez años, calificándolo de demora “más que prudente”, y le instó a dictar la liquidación definitiva “sin necesidad de más demora”.
Sacyr ya no gestiona la infraestructura, que está en manos de la sociedad pública SEITT. La deuda financiera de la quiebra fue adquirida por fondos de titulación, personados en la causa, por lo que la RPA no se destina directamente a la empresa. No obstante, el Supremo ratificó que las constructoras mantienen un interés legítimo para impugnar el cálculo, ya que el proceso busca determinar de forma correcta la cuantificación de la responsabilidad patrimonial.
La R-3 y la R-5 forman parte de una única concesión adjudicada en 1999 a un consorcio de ACS, OHLA, Sacyr y FCC por 50 años. Entró en operación en 2004, pero en 2012 entró en concurso de acreedores. Fondos como TDA, Bothar y Kommunalkredit se quedaron con la deuda para cobrar futuras indemnizaciones del Estado.
Hasta la fecha, el rescate de las nueve autopistas supuso un pago provisional de 1.684 millones de euros por parte del Estado. Por la R-4 se pagaron 134 millones; por la A-36, 319; por la A-41, 41; por la AP-7 Cartagena-Vera, 278; por la AP-7 Alicante, 307; y por la M-12, 46. El coste provisional de la R-2 fue de cero euros.