El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó enviar exhortos a autoridades de Estados Unidos para obtener datos sobre tres propiedades en Florida vinculadas al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Gerardo Vázquez.
La investigación judicial sobre el patrimonio del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Gerardo Vázquez, dio un nuevo paso. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó enviar exhortos a las autoridades de Estados Unidos para obtener información sobre tres propiedades ubicadas en el estado de Florida. Según investigaciones periodísticas y judiciales, pertenecerían al funcionario pero no figuran en sus declaraciones juradas patrimoniales.
La medida del magistrado responde a un pedido formulado por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien impulsa diligencias para determinar si Vázquez incurrió en delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y omisión maliciosa de bienes.
El objetivo es establecer quién figura formalmente como propietario de los inmuebles, quién realizó las operaciones de compra y si existen sociedades o estructuras jurídicas utilizadas para ocultar la verdadera titularidad. De acuerdo a fuentes libertarias consultadas por PERFIL, no habrá declaraciones al respecto en el corto ni mediano plazo por parte del área de recaudación de impuestos.
La causa gira alrededor de tres inmuebles en Florida, cuyo valor conjunto superaría los dos millones de dólares, adquiridos entre 2013 y 2015 mediante sociedades radicadas en el exterior. Dichos departamentos fueron comprados por dos sociedades panameñas, Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp.
Las dos compañías fueron adquiridas por una sociedad conformada en Islas Vírgenes Británicas, Galanthus Capital Limited. En los registros figuraría Vázquez como beneficiario final y sus hijas como presuntas integrantes de la sociedad.
Los investigadores buscan reconstruir el circuito financiero para determinar si Vázquez fue el beneficiario final de las compras y si esos bienes debieron ser incorporados a sus declaraciones patrimoniales como funcionario público.
La PIA sostiene que ya existen elementos suficientes para profundizar la investigación, incluso avanzar hacia una eventual declaración indagatoria por la presunta omisión deliberada de esos inmuebles en las presentaciones patrimoniales. Rodríguez afirmó que Vázquez no declaró su vínculo con las sociedades extranjeras que registran los bienes cuestionados. El cuestionamiento abarca declaraciones de 2012 a 2015 y de 2023 acerca de un funcionario de carrera que encabeza el organismo desde el 10 de diciembre de 2023.
Además, se incorporó al expediente a Consultora San Andrés SA, una empresa supuestamente controlada mayoritariamente por Vázquez y su hermana, que no registra empleados y que, según la hipótesis fiscal, podría haber funcionado como una sociedad pantalla.
Otro foco es la adquisición de un tríplex de 318 metros cuadrados en el complejo Los Molinos Building (Faena Properties), en Puerto Madero. Efectuada en 2018, Vázquez escrituró la propiedad por un valor cercano a los 226.000 dólares. La PIA consideró esta cifra como un indicio de subvaluación, dado que unidades comparables se ofrecían por más del doble.
Martínez de Giorgi pidió levantar el secreto bancario del jefe de ARCA y seguir la ruta del dinero. El magistrado exigió a Bank of America, PNC y Wells Fargo los extractos de las cuentas de toda la familia y de las empresas panameñas, junto con sus registros migratorios. En paralelo, cruzó pedidos de información al Banco Central, al Colegio de Escribanos y a la propia ARCA.
Por otra parte, el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (Supara), liderado por Daniel Mallotti, alertó sobre el crecimiento del contrabando y su impacto en la industria nacional y el comercio formal. El gremio criticó las políticas de ajuste y desregulación del Gobierno, y respaldó la preocupación expresada por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Reclamó reforzar los controles fronterizos para evitar daños a la industria y pérdidas fiscales.
Mallotti coincidió con los reclamos de los actores de la cadena de Comercio Exterior. Desde el sindicato señalaron el constante debilitamiento en los controles aduaneros, con menos recursos e infraestructura. Afirmaron que el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, complica la situación debido a ajustes y desregulaciones que afectan la industria y la recaudación.
Sostuvieron que la caída de los salarios y los ajustes permanentes impiden que la Aduana cuente con tecnología actualizada, retenga personal técnico y atraiga recursos humanos idóneos. Esto, según indicaron, facilita prácticas delictivas como el contrabando.