La audiencia preliminar de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se inició este jueves en los juzgados de Plaza de Castilla, Madrid. La Fiscalía y la defensa solicitan el archivo de la causa, mientras que las acusaciones populares piden la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas.
La audiencia preliminar de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comenzó pasadas las 18.00 horas de este jueves en los juzgados de Plaza de Castilla, Madrid. En esta instancia, la Fiscalía y la defensa de Gómez solicitarán el archivo de la causa, mientras que las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, pedirán medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado cada dos semanas.
Gómez, a quien el juez Juan Carlos Peinado propuso juzgar por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca, ingresó a la audiencia a las 18.20, vestida con un traje negro con americana, como en ocasiones anteriores.
Accedió a los juzgados en coche, a través del garaje, mientras que su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés —los otros dos investigados— lo hicieron a pie.
Además de los investigados y sus abogados, a la audiencia fueron citadas la Fiscalía, las acusaciones populares personadas (lideradas por Hazte Oír) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) como acusación particular.
En declaraciones previas al inicio, el abogado de Hazte Oír afirmó que la acusación popular unificada pedirá la retirada del pasaporte de Gómez y su comparecencia quincenal en el juzgado, al considerar que «hay riesgo de fuga». No obstante, señaló que no solicitarán prisión provisional para ninguno de los tres investigados.
En el escrito de defensa, el abogado de Begoña Gómez reclamó su absolución en caso de que la causa llegue a juicio, al sostener que los hechos investigados «no son constitutivos de delito alguno» y que existe «mala fe» por parte de las acusaciones.
La Fiscalía también pidió al magistrado el archivo del caso y adelantó que reclamaría la absolución de los tres investigados si la Audiencia de Madrid considerara procedente abrir juicio oral.
Por su parte, las acusaciones populares solicitan hasta 24 años de prisión para la esposa del presidente, y 22 años de prisión para la asesora Cristina Álvarez, por «presunta malversación» y su papel de «cooperadora necesaria» en los delitos atribuidos a Gómez. Asimismo, reclaman seis años de cárcel para Barrabés por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.