Un análisis sobre la secuencia histórica de la innovación institucional y su relación con el actual contexto económico argentino, a partir de los ejemplos de la VOC, Delaware y Singapur.
El 20 de marzo de 1602, los Estados Generales de las Provincias Unidas —el Parlamento Holandés— crearon por ley la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales (VOC), disuelta en 1799. Por primera vez en la historia, el Estado limitó legalmente la responsabilidad de los accionistas al capital invertido. Si la empresa quebraba, el inversor perdía lo puesto, pero no respondía con sus bienes personales. Nacían así las sociedades por acciones y con ellas el primer mercado de capitales del mundo. La VOC gozó de un monopolio comercial, poder acuñar moneda, ejército y armada. En términos de capitalización de mercado fue equivalente a los gigantes tecnológicos actuales. La compañía quebró al final del siglo XVIII entre la corrupción y la burocracia, y fue disuelta en 1799.
Recientemente, en una publicación internacional, el presidente Javier Milei citó en términos positivos esa fecha y ese evento como prueba de que la “innovación institucional” desata el capitalismo. El artículo ofrece una lectura alternativa a la oficial respecto de su nexo con el actual momento histórico de la Argentina.
Aquella decisión y su implementación ocurrieron a partir de un país, Holanda, que ya tenía un Estado consolidado, un Parlamento con autoridad real, un sistema judicial confiable que hacía cumplir los contratos, una moneda estable y décadas de construcción institucional acumulada. La innovación financiera surgió de ese contexto.
La misma lógica aplica a Delaware y Singapur, modelos que el gobierno argentino ha mencionado como inspiración para convertir al país en hub de inversión en inteligencia artificial. Delaware no es el paraíso corporativo por decreto: es el resultado de más de un siglo de construcción jurídica paciente, con una ley de sociedades actualizada anualmente, una Corte especializada en derecho comercial y un cuerpo de jurisprudencia acumulado durante décadas. Las empresas se registran allí porque saben exactamente qué pasará si hay un conflicto.
Singapur, bajo la conducción de Lee Kuan Yew desde 1959, sentó las bases de un modelo de fuerte intervención estatal, con capitalismo de Estado y democracia autoritaria, priorizando el bienestar económico sobre las libertades. Recién en 1968 se habilitó el mercado asiático de divisas y en 1971 se creó la Autoridad Monetaria. El hub de inversiones llegó después, siempre como resultado de una secuencia institucional.
Según el texto, la Argentina actual tiene la mitad de la economía parada, la industria cae, la construcción cae, el comercio cae, la inflación sigue arriba del veinte por ciento anual y la gente compra dólares por desconfianza. El capital en general no confía en las nuevas reglas. El costo reputacional del país obligó al RIGI para atraer grandes inversiones, generando una asimetría respecto de las inversiones cotidianas. Las reglas no son iguales para todos.
El artículo sostiene que primero hay que armar el país, ganar la confianza de la propia gente, hacer que las reglas de juego sean iguales para todos y construir un sistema judicial creíble. Señala que la inversión en inteligencia artificial no preferirá a la Argentina por un marco legal que puede cambiar en un día, compitiendo con otros centros que llevan décadas de respaldo institucional. Concluye que la VOC, Delaware y Singapur no son argumentos a favor de este modelo, sino exactamente el argumento en contra.