Una nueva ley en Texas prohíbe a las ciudades aumentar la recaudación por impuestos a la propiedad si no están al día con sus auditorías financieras anuales. La medida ya afecta a más de 130 comunidades y puede dejarlas fuera de subvenciones estatales y federales.
En Texas, una nueva ley estatal impide que las pequeñas ciudades aumenten la recaudación por impuestos a la propiedad si no están al día con auditorías financieras anuales. La medida afecta a más de 130 comunidades, la mayoría con menos de 10.000 residentes, según informó The Texas Tribune.
Firmada por el gobernador Greg Abbott el 24 de mayo de 2025, la ley entró en vigor en septiembre de ese año. Establece que los gobiernos municipales deben presentar sus auditorías financieras anuales y publicar estados financieros basados en ellas. Antes de su firma, no existía una sanción directa por incumplimiento.
El procurador general de Texas, Ken Paxton, notificó a más de 130 comunidades que sus tasas de impuestos están congeladas por no cumplir con el requisito. El senador estatal Robert Nichols, republicano del este de Texas e impulsor del proyecto, afirmó que los gobiernos tienen “un plazo razonable” para presentar la auditoría. “No deberían subir los impuestos a la gente a menos que entiendan las cifras y se sientan completamente seguros de ellas”, sostuvo.
Las localidades pequeñas enfrentan dificultades para cumplir con la ley debido al alto costo de las auditorías en relación con sus presupuestos. Un ejemplo citado por funcionarios es que para un presupuesto de 7 millones de dólares, el valor exigido es de 40.000 dólares. La falta de personal calificado en finanzas en zonas rurales complica las auditorías.
Además del congelamiento de impuestos, las ciudades no son elegibles para subvenciones estatales y federales. La ciudad de Howe perdió una subvención de 10 millones de dólares para infraestructura hídrica.
Funcionarios señalaron que el congelamiento de ingresos amenaza con retrasar mejoras en infraestructura y reducir contrataciones en áreas como seguridad pública y mantenimiento de carreteras. Dan Davis, alcalde de Manvel, declaró: “Esto no es solo un tema de debate político. Tiene un impacto real en los servicios esenciales para las pequeñas ciudades que siguen experimentando un rápido crecimiento”.
Algunas comunidades experimentaron alta rotación de personal. Henry Arredondo, administrador de Alpine, explicó: “Está el director de finanzas, el administrador municipal o el gerente municipal, y cuando esos dos puestos cambian, el siguiente nivel lo ocupan los empleados administrativos”.
Nichols afirmó que las decisiones del fiscal surgidas por la ley no se pueden revocar. Sin embargo, algunos funcionarios manifestaron su intención de apelar. Los administradores de Port Lavaca adelantaron que buscarán eliminar la sanción, argumentando que su inclusión en la lista se debió a un error de comunicación, ya que supuestamente completaron su auditoría a tiempo.