El gobierno de Santa Fe suspendió la ayuda estatal al Movimiento Mahatma Gandhi tras detectar gastos en restaurantes y bares con fondos destinados a un comedor comunitario.
Santa Fe. La asociación civil “Movimiento Mahatma Gandhi”, con sede en la capital provincial, utilizaba los fondos públicos depositados por el gobierno santafecino en la Tarjeta Institucional para gastos en una hamburguesería de marca extranjera, restaurantes, bares y kioscos del centro de la ciudad. Según la normativa vigente, esos fondos debían destinarse a la compra de alimentos para el comedor comunitario de la entidad.
El desvío fue detectado tras una auditoría del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, que encontró inconsistencias entre las rendiciones presentadas y los movimientos registrados en la tarjeta. Ante las irregularidades, el gobierno provincial dio de baja la asistencia económica y presentó una denuncia penal.
Este viernes, la vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, explicó que la investigación derivó en una denuncia judicial y en la suspensión de la asistencia alimentaria. “Nos duele porque los afectados son los chicos y chicas que no recibieron lo que tenían que recibir”, afirmó.
Según un comunicado oficial, los fondos estaban destinados a la compra de alimentos para un comedor comunitario y la asistencia de personas en situación de vulnerabilidad. Los registros analizados mostraron consumos en locales de comida rápida, restaurantes, bares y kioscos. La provincia resolvió suspender la asistencia de manera inmediata y remitir las actuaciones a la Justicia.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la Tarjeta Institucional es un instrumento exclusivo para la adquisición de alimentos y que solo recibe fondos del Estado para garantizar el funcionamiento de espacios comunitarios. “La plata destinada a los comedores tiene que terminar en los comedores”, plantearon. Las auditorías forman parte de un esquema permanente de control de los recursos públicos.
El secretario de Desarrollo Territorial, Lisandro Villar, explicó que las investigaciones buscan garantizar la transparencia en el uso de fondos estatales y asegurar que la ayuda llegue a quienes la necesitan.
Según el informe oficial, al momento de iniciarse la investigación, la asociación era encabezada por Luciano “Chano” Rossi, un dirigente social exonerado de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en julio de 2025, tras un sumario administrativo. La resolución 394 de la EPE concluyó que Rossi debía ser exonerado por “haber usufructuado licencia por enfermedad, con el pago de haberes por parte de la EPE, realizaba otras actividades laborales cotidianas y en horario de desarrollo de tareas de la empresa”. Se estableció que de los últimos 2.103 días, Rossi solo había concurrido a trabajar en 651. Actualmente, Rossi es vocal de la organización civil.