El proyecto de ley presentado en el Congreso propone modificaciones en el sistema de discapacidad, incluyendo la eliminación del nomenclador nacional. Organizaciones y familias expresan preocupación por el impacto en tratamientos y prestaciones.
Un nuevo proyecto de ley sobre discapacidad, impulsado por el Ministerio de Salud, ingresó al Congreso con el título “Contra el fraude de pensiones por invalidez”. La iniciativa propone revisar padrones, reempadronar beneficiarios y modificar el financiamiento de prestaciones, lo que ha generado debate en el sector.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la eliminación del nomenclador nacional, la herramienta que establece valores mínimos y homogéneos para prestaciones como transporte adaptado, acompañamiento terapéutico, centros de día, rehabilitación y servicios educativos. Sin este sistema, los montos se negociarían entre obras sociales, prepagas y prestadores, lo que, según especialistas, podría generar una asimetría de poder en las negociaciones.
Entre las consecuencias previstas, se mencionan una posible caída de ingresos para profesionales e instituciones, el cierre de pequeños centros terapéuticos y una reducción en la oferta de servicios. Para las familias, el escenario implicaría un posible traslado de costos al hogar, lo que dificultaría el acceso a tratamientos esenciales.
El proyecto también contempla un reempadronamiento obligatorio de beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez. El Gobierno argumenta que busca depurar irregularidades, pero organizaciones advierten que estos procesos generan incertidumbre y barreras administrativas para personas con movilidad reducida o trastornos cognitivos.
En las últimas semanas, se realizaron marchas frente al Ministerio de Salud con la participación de familiares, trabajadores y personas con discapacidad. Figuras públicas como la actriz Lola Berthet y Valentina Bassi, madre de un niño autista, manifestaron su rechazo al proyecto, señalando que podría implicar un retroceso en los derechos adquiridos.
Desde el sector se espera que el debate parlamentario permita ajustar los puntos más controvertidos de la iniciativa, en busca de un equilibrio entre la eficiencia administrativa y la protección de los derechos de las personas con discapacidad.