El Gobierno envió el Informe 145 a Diputados, un documento de 1.935 páginas con respuestas técnicas, más de cien referencias recursivas y trece amparos en el secreto de sumario. Infraestructura, salud, SIDE, empleo y el caso $LIBRA son los temas más consultados.
A minutos de su presentación en el Congreso, el Gobierno nacional remitió el informe de gestión del Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados. El documento, elaborado por la Jefatura de Gabinete y denominado oficialmente “Informe 145”, será defendido por Manuel Adorni este miércoles desde las 10.30.
Con 1.935 páginas de contenido técnico, el informe responde a las 2.151 preguntas formuladas por los diputados. Sin embargo, muchas respuestas son evasivas: más de cien se limitan a remitir a leyes o decretos vigentes, y en trece ocasiones el Ejecutivo se amparó en el secreto de sumario de investigaciones judiciales en curso.
Los temas que concentran la mayoría de las consultas son infraestructura y vialidad (obras paralizadas), salud y discapacidad, el rol de la SIDE, empleo y economía, política exterior (especialmente vínculos con Estados Unidos e Israel), tarifas de energía, el criptoactivo $LIBRA y la gestión patrimonial de funcionarios.
En relación a su propia situación patrimonial, Adorni recibió preguntas por una denuncia de enriquecimiento ilícito. El informe confirma que la Oficina Anticorrupción (OA) ya envió información a la Justicia, pero solo ante un requerimiento judicial. Sobre la presencia de su esposa en una comitiva oficial a Nueva York, la respuesta fue que viajó como “invitada de la Presidencia” sin costo para el Estado. Respecto a propiedades no declaradas, se remite a las declaraciones juradas en la OA.
En el caso $LIBRA, el Ejecutivo se amparó en la investigación judicial (Causa n° 574/2025) y aseguró que no existen registros de contratos oficiales con los organizadores. Sobre comunicaciones privadas de Adorni o el Presidente, el informe señala que son ajenas al rol institucional y que la información proviene de filtraciones periodísticas no verificadas.
Finalmente, sobre la disolución de la ANDIS, el Gobierno la defendió como una reorganización institucional, admitió que las irregularidades fueron remitidas a la Justicia y negó un plan de ajuste fiscal sobre el sector, atribuyendo las demoras a la normalización del sistema.