En una nueva audiencia del juicio, Daniel Pitón afirmó ante el TOF 7 que su testimonio inicial no reflejaba la verdad. Varios imputados optaron por no declarar.
El juicio oral por la causa conocida como «Cuadernos» tuvo un nuevo capítulo este jueves en los tribunales de Comodoro Py. El empresario Daniel Pitón (60), integrante de la firma José Eleuterio Pitón S.A., declaró de manera breve ante el Tribunal Oral Federal 7 y optó por no responder preguntas. Está acusado como coautor de cohecho activo en una causa que también tiene entre los imputados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Durante su exposición, Pitón aseguró que durante la etapa de investigación «mintió para no ir preso» y negó haber entregado dinero en concepto de sobornos. El empresario explicó que en su indagatoria inicial decidió cambiar su versión tras recibir asesoramiento legal. «Lo que no queríamos era quedar presos», sostuvo. Según relató, primero presentó un escrito que, afirmó, reflejaba la verdad, pero luego su abogado le advirtió que no era suficiente. «Declaré en un sentido que no refleja la verdad», dijo ahora ante los jueces.
En otro tramo, Pitón se refirió al financista Ernesto Clarens. Contó que lo contactó por dificultades para cobrar pagos atrasados, pero negó cualquier transacción. «A Clarens no le entregué ni un peso, ni a él ni a nadie», remarcó.
La audiencia volvió a estar marcada por la negativa de varios imputados a declarar. Empresarios como Roberto Orazi y Julio Paolini optaron por guardar silencio ante el tribunal. Esta situación reavivó los cuestionamientos de las defensas, que insisten en que se ve afectado el derecho a defensa. Argumentan que no pueden contrainterrogar a quienes declararon como «arrepentidos» durante la instrucción pero ahora no hablan en el juicio oral. Representantes del ex ministro Julio De Vido advirtieron que esta dinámica podría derivar en una vulneración de garantías y anticiparon posibles presentaciones ante instancias superiores.
El expediente investiga un presunto sistema de recaudación de sobornos vinculado a la obra pública entre 2003 y 2015. En ese marco, Cristina Fernández de Kirchner está acusada como presunta jefa de una asociación ilícita, además del delito de cohecho. El proceso judicial continuará el próximo 21 de abril, con nuevas indagatorias previstas.