El Superior Tribunal de Justicia de Chubut dispuso una auditoría de 60 días en los equipos interdisciplinarios de Comodoro Rivadavia, tras el caso de Ángel, un niño de 4 años fallecido. La medida no alcanza al juez que otorgó la tenencia a la madre, ahora detenida.
El Superior Tribunal de Justicia de Chubut ordenó este martes la «intervención y auditoría» por 60 días del Equipo Interdisciplinario (ETI) que asiste a los juzgados de familia de Comodoro Rivadavia. La decisión se da en el marco del caso de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años que falleció por múltiples golpes y cuyos expedientes judiciales evidencian fallas del sistema.
Según datos oficiales, en lo que va de 2025 ingresaron 2.209 expedientes a los juzgados de familia de esa ciudad. El 60% de las causas iniciadas son por violencia familiar, lo que refleja una alta complejidad y sobrecarga del sistema. El informe del Tribunal señala que esta situación «impacta en los tiempos de respuesta, recursos humanos y el desgaste emocional del personal».
La intervención, a cargo de la jueza María Marta Nieto, se limita a los equipos técnicos del Poder Judicial. Esto deja fuera de la medida directa al juez de familia N°4, Pablo José Pérez, quien otorgó la tenencia de Ángel a su madre biológica, Mariela Altamirano, actualmente detenida junto al padrastro del niño. La continuidad de Pérez en el cargo solo podría ser evaluada por el Consejo de la Magistratura mediante un proceso específico.
Paralelamente, un abogado presentó una denuncia contra dos psicólogas cuyos informes habrían favorecido a Altamirano para obtener la custodia. Una de ellas, Jennifer Leiva, trabaja en el Servicio de Protección de Derechos (SPD), un organismo municipal que no está alcanzado por la intervención judicial ordenada.
Fuentes del sistema judicial, que pidieron reserva de identidad, describieron la situación como «colapsada» y una «bomba de tiempo» que finalmente explotó. Criticaron la falta de controles efectivos, señalando que, pese a los informes, nadie verificó en persona las condiciones de vida del niño, quien vivía en una casa precaria de chapas.
Los datos del ETI muestran un incremento notable de las intervenciones virtuales, que casi se triplicaron respecto a 2024, superando incluso las visitas domiciliarias. En el caso de Ángel, se habrían utilizado fotos y videos de una vivienda ajena para cumplir con estos seguimientos a distancia.