En el marco de la causa por desvío de fondos en la Legislatura bonaerense, uno de los imputados firmó un acuerdo con la fiscalía. La investigación apunta a una red de empleados «fantasma» que habría causado un perjuicio millonario.
Uno de los acusados en el caso «Chocolate» Rigau, por la presunta existencia de empleados «fantasma» en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, aceptó someterse a un juicio abreviado y recibió una condena de tres años de prisión en suspenso. La causa, ya elevada a juicio oral, investiga una maniobra en la que se cobraban sueldos de personas que figuraban como empleados sin cumplir funciones.
El puntero del PJ Julio «Chocolate» Rigau, considerado el «tarjetero» de la operación, fue detenido mientras retiraba dinero de cajeros automáticos en La Plata. Según la investigación, los fondos provenían de los sueldos de alrededor de 50 personas que aparecían en la nómina legislativa. Parte de ese dinero era entregado al exconcejal Facundo Albini y a su padre, Claudio Albini, exfuncionario de la Legislatura.
En una audiencia realizada por videoconferencia, la fiscalía ofreció a los imputados la posibilidad de acogerse a juicios abreviados. Antonio Rodríguez, uno de los casi 50 exempleados «fantasma» acusados, aceptó la propuesta a través de su abogado y admitió su culpabilidad a cambio de la pena acordada de tres años en suspenso. Otros acusados exploraron alternativas como la probation o el pago de una reparación integral, opciones que fueron rechazadas por la fiscalía.
Para los considerados cabecillas, las penas solicitadas son mayores. Para Claudio Albini, la fiscalía pediría seis años y cuatro meses de prisión, mientras que para su hijo Facundo Albini y para Julio Rigau, las penas serían de cuatro años y tres meses, y cinco años y seis meses, respectivamente.
Un informe de la División Lavado de Activos de la Policía Federal estimó que el perjuicio neto para la provincia de Buenos Aires durante 2022 y 2023 ascendería a al menos $395,4 millones, sujeto a actualización por inflación. Los expertos advierten que la cifra podría ser mucho mayor si se suman desvíos de años anteriores, ya que algunas de las cuentas involucradas se abrieron en 2012.
La investigación también reveló que, tras la prisión preventiva de los Albini, estos intentaron deshacerse mediante una venta simulada de una mansión de 481 metros cuadrados en un barrio cerrado sobre la ruta 2. El tribunal fijó una nueva audiencia para el 30 de abril, donde se escucharán las propuestas de los acusados y se debatirán cuestiones preliminares al juicio oral.