La administración de Javier Milei confirmó 12 cesantías en la residencia presidencial, entre ellas la del intendente Osvaldo Javier Sosa. La Casa Militar asumirá la seguridad y administración del predio en un plazo de 60 días. El sindicato ATE anunció estado de alerta.
El Gobierno confirmó una reorganización en la Quinta Presidencial de Olivos que incluyó el despido de 12 trabajadores y el traspaso del control integral del predio a la Casa Militar. La medida fue adoptada por la administración de Javier Milei y comunicada por fuentes oficiales.
Entre los cesanteados se encuentra Osvaldo Javier Sosa, quien se desempeñaba como intendente de la residencia. También hay personal de jardinería, administración y cocina, según informó el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano.
Fuentes oficiales indicaron que la decisión se adoptó tras una investigación interna por presuntas filtraciones relacionadas con las actividades del Presidente y su círculo cercano. «Se encuadra en una serie de filtraciones que le han hecho llegar al Gobierno. Entonces, se decidió un refuerzo de la seguridad», señalaron las fuentes.
Desde la Casa Rosada aseguraron que la investigación detectó «un riesgo para la información y también para la seguridad». No se precisaron detalles sobre las filtraciones ni la participación atribuida a cada trabajador apartado.
La Casa Militar, que depende de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, asumirá el control integral de Olivos. El proceso de transferencia de responsabilidades y bienes deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.
El organismo está conducido por el coronel Sebastián Ignacio Ibáñez, quien reporta directamente a Karina Milei. Además de custodiar al Presidente, la Casa Militar desplegó operativos vinculados con la cobertura de actos oficiales y las restricciones impuestas a la prensa acreditada en la Casa Rosada.
El área también presentó una denuncia contra periodistas por supuesto espionaje dentro de la sede gubernamental, que luego fue desestimada por la Justicia, e intervino en procedimientos que limitaron el trabajo de camarógrafos durante algunas apariciones públicas de Milei.
Consultadas sobre una eventual fricción entre Karina Milei y su colaboradora María Belén Agudiez, fuentes oficiales descartaron esa interpretación y argumentaron que la nueva conducción encabezada por la Casa Militar tiene la facultad de designar a su propio equipo al frente del predio.
El sindicato ATE Nacional se declaró en estado de alerta y no descartó medidas de fuerza. Su titular, Rodolfo Aguiar, expresó: «¿En serio va a despedir a los trabajadores de la quinta presidencial? No se lo vamos a permitir».
Catalano sostuvo que los trabajadores no recibieron explicaciones sobre las razones de las cesantías y afirmó que una de las personas afectadas se encuentra de licencia por cáncer. El Gobierno no respondió sobre este último punto.
En medio de las versiones que circularon tras conocerse la reestructuración, fuentes autorizadas negaron que la medida estuviera relacionada con algún inconveniente con los perros de Milei. «Son mentiras», afirmaron.
El Ejecutivo comunicó que la Casa Militar asumirá la «responsabilidad integral» de la seguridad de la Quinta de Olivos y de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia. Según el texto oficial, el objetivo es fortalecer la protección y facilitar los procesos administrativos internos.
En ese comunicado no se hizo referencia a las supuestas filtraciones. La Casa Rosada argumentó que los cambios buscan «elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno» frente a la escalada de la inseguridad global y la próxima visita del papa León XIV a la Argentina.