El oficialismo busca aprobar esta semana un tratado internacional que reforma la política de medicamentos y cambios a la Ley de Salud Mental. La sesión aún no fue convocada y los gobernadores expresan observaciones por el traslado de responsabilidades sin financiamiento.
El Poder Ejecutivo intentará esta semana avanzar en el Congreso con la aprobación de un tratado internacional que incluye un capítulo de reforma de la política de medicamentos y modificaciones a la Ley de Patentes vigente. La sesión en el Senado no ha sido convocada formalmente, según fuentes legislativas, porque la intención del oficialismo es que el tratado se vote junto a una reforma a la Ley de Salud Mental, que aún no cuenta con dictamen de comisión.
De concretarse la convocatoria, el Senado ratificaría una aprobación de la Cámara de Diputados que, a su vez, modificó la primera sanción del proyecto que realizó la cámara alta en 1998. En aquella oportunidad, los laboratorios locales fijaron posición y el Senado aprobó por unanimidad.
La reforma de patentes involucra a los laboratorios, una industria multinacional. Según el texto del proyecto, la industria farmacéutica argentina es la más importante de América Latina. El tratado es promovido por Estados Unidos desde hace casi cuatro décadas.
El proyecto de Salud Mental cuenta con observaciones de gobernadores porque la reforma traslada a las provincias la atención de la salud mental sin asegurar los gastos correspondientes. Situación similar se presentó, según el texto, con la reforma de la Ley de Glaciares y el proyecto de Ley de Villas, que delegaron tareas y gastos a las provincias.
Los senadores están atentos a las reservas de sus gobernadores para impedir que se les asignen responsabilidades sin el dinero para asumirlas, mientras el Gobierno nacional recauda fondos con destino a obras civiles y a los ATN, y los administra de manera discrecional, de acuerdo con el análisis legislativo.
El oficialismo también impulsa otros proyectos que se encuentran frenados en el Congreso: inviolabilidad de la propiedad, sociedades, súper RIGI y la reforma del Banco Central. Estas iniciativas están pendientes de tratamiento.
En cuanto a la composición del Senado, desde diciembre de 2025 el oficialismo cuenta con una primera minoría liderada por el bloque de La Libertad Avanza, coordinado por Patricia Bullrich. La UCR conforma un polo de poder con una decena de senadores y ha designado al exsenador Víctor Zimmermann como asesor, quien funciona como articulador de los proyectos que pasan por la cámara. Bullrich negocia en nombre del oficialismo y, según el texto, suele ceder más de lo que el Poder Ejecutivo permite.
En el tratamiento de la ley de defensa por Malvinas, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, argumentó que se deben sancionar nuevos delitos para impedir que se repitan casos como el proyecto Quito, una iniciativa del espionaje de la liga de países denominada «Five Eyes». La funcionaria utilizó un argumento que había empleado Cristina de Kirchner en años anteriores.
Respecto de la reforma de la carta orgánica del Banco Central, el Gobierno ha decidido no avanzar por el debate generado sobre el destino de las reservas en oro de la institución. La Auditoría General de la Nación (AGN) ha señalado en sus informes que hubo una pérdida de recursos con el traslado del oro, y que el Banco Central declaró el secreto de esa transacción. Según un informe de la AGN, recién en abril de 2026 se consensuó entre AGN y BCRA el modo de acceso a la documentación, que se permitió mediante visualización en una PC del BCRA con labrado de acta.
La senadora Patricia Bullrich declaró en una comisión del Senado: «Más allá de todas las cosas que se dicen del oro, el oro está cuidado. Está en el mismo lugar que hace veinte años. No ha cambiado para nada. Esperen tener la próxima auditoría, que esperamos tener en poco tiempo, y ahí podrán ver. Espero que, en ese momento, se retracten de las cosas que dijeron respecto al oro.»