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Presión legislativa en Chile por el estrecho de Magallanes y la ruta comercial a las Malvinas

La Cámara de Diputados de Chile aprobó siete resoluciones que solicitan al presidente José Antonio Kast mayor firmeza diplomática con Argentina, el reequipamiento de la Fuerza Aérea y una política activa para defender la ruta marítima entre Punta Arenas y las islas Malvinas. La medida surge tras declaraciones de jefes militares argentinos sobre una eventual presencia militar conjunta en el estrecho, de soberanía chilena.

La Cámara de Diputados de Chile aprobó la semana pasada siete resoluciones legislativas que presionan al presidente José Antonio Kast a adoptar medidas para reforzar el control sobre el estrecho de Magallanes y garantizar la ruta comercial marítima que uniría Punta Arenas con las islas Malvinas. Una de las iniciativas fue presentada por la bancada oficialista Comité Republicano.

Las resoluciones exigen más firmeza diplomática con Argentina, el reequipamiento de la Fuerza Aérea y una política más activa para defender la navegación del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de la naviera Easter Island Naviera, proyectada para noviembre próximo para abastecer de mercaderías a los habitantes de las islas y restablecer una ruta comercial con Puerto Argentino. La firma habría decidido atravesar el estrecho de Magallanes y no el Mar de Drake.

En este contexto, grupos parlamentarios de la Cámara baja chilena emplazaron a Kast a disponer medidas para garantizar la soberanía de ese país sobre la región austral, con el reemplazo de aviones de la Fuerza Aérea y el cumplimiento de los tratados internacionales con Argentina respecto a la soberanía sobre el canal.

También le solicitan a Kast que reclame a Milei la derogación del decreto 457/2021, firmado por Alberto Fernández, que aprobó la nueva Directiva de Política de Defensa Nacional de la Argentina y en un anexo considera al estrecho de Magallanes y al Mar de Hoces (Paso Drake) como «espacios compartidos» para la exploración, el estudio y el «control conjunto» con el país trasandino.

El proyecto aprobado de Comité Republicano reafirma «la importancia estratégica del Estrecho de Magallanes para el tránsito marítimo y el comercio internacional, destacando que su régimen de libre navegación se ejerce en conformidad con los tratados vigentes y bajo la plena y exclusiva soberanía de la República de Chile». Otra iniciativa considera que el país vecino tiene la potestad de garantizar el comercio de cualquier empresa que pretenda utilizar dicho canal.

La reacción en Chile generó críticas a Kast, que analiza realizar una reunión de gabinete en Punta Arenas en enero próximo junto a un desfile militar.

Un funcionario de la administración libertaria consideró que siempre hay «grupos políticos interesados en confrontar con Argentina» y no descartó que «esta presión sea el fruto del lobby de los sectores interesados en reequipar las FFAA de ese país». Recordó que en septiembre pasado, tras una reunión de Kast con Milei en Santiago de Chile, ambos países emitieron sendos comunicados en el que dieron por terminada la controversia por Magallanes.

Por su parte, el diputado Guillermo Michel (UP) presentó un proyecto de ley para disponer sanciones económicas a empresas chilenas que operan en el país si finalmente se abre la ruta marítima entre Punta Arenas y las Malvinas.

«Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. El planteo es razonable, no se busca romper el diálogo ni las relaciones diplomáticas. Pero tampoco nuestro país puede mantener ventajas económicas y fiscales a Chile si sigue yendo en contra de la causa Malvinas», expresó el diputado entrerriano. Y propuso dar de baja «los Convenios que dan beneficios económicos y fiscales a las empresas chilenas que invierten en Argentina».

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