El oficialismo convocó a un plenario de comisiones para el miércoles 14 a las 16 para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye un capítulo sobre límites a la compra de tierras rurales por extranjeros. La oposición mantiene la sesión especial del jueves 15 para rechazar el DNU 70/23.
La Corte Suprema de Justicia revocó por una cuestión de legitimidad procesal la decisión que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. Como consecuencia, volvió a quedar operativo el artículo 154 del DNU 70/23, que había derogado la Ley 26.737. Esa norma establecía que la titularidad extranjera de tierras rurales no podía superar el 15% de la superficie nacional, provincial o departamental.
Tras el fallo, el oficialismo y sus aliados convocaron para el miércoles 14, a las 16, a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para avanzar con el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El capítulo sobre Tierras, que había quedado afuera del proyecto aprobado por el Senado, vuelve a quedar bajo análisis en Diputados. La convocatoria tendrá lugar un día antes de la sesión opositora que busca avanzar contra el DNU 70/23.
La oposición impulsa el rechazo del megadecreto, que ya fue rechazado por el Senado en marzo de 2024 pero nunca llegó a tratarse en la Cámara baja. La sesión especial fue convocada para el jueves 15 de octubre y el temario incluye otros proyectos que generan diferencias con el oficialismo. En ese escenario, la reactivación de Inviolabilidad incorpora una nueva pieza a la negociación parlamentaria.
El origen de la discusión está en el fallo de la Corte Suprema, que rechazó la demanda impulsada por el CECIM La Plata al considerar que la organización no tenía legitimidad procesal para promoverla. La Corte luego aclaró que la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la derogación no había sido resuelta.
La posibilidad que negocia el oficialismo consiste en reincorporar un capítulo sobre la venta de tierras rurales a extranjeros. La alternativa aparece después de que los bloques aliados reclamaran una respuesta política al nuevo escenario generado por la Corte.
La propuesta implica un cambio respecto de lo que había impulsado originalmente el Gobierno. La Ley 26.737 fijaba un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales. En el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el Ejecutivo había planteado inicialmente eliminar las restricciones. Durante el tratamiento en el Senado se exploraron distintas variantes y, dos días antes de la votación, Patricia Bullrich había anunciado un límite del 25%, pero finalmente el capítulo fue retirado del texto que obtuvo media sanción.
Ahora, la posibilidad que aparece con mayor fuerza es volver al 15% previsto por la legislación anterior, aunque la cifra todavía forma parte de la negociación. Fuentes del oficialismo reconocieron que el plenario de Diputados dará lugar a los pedidos de los aliados para reincorporar algún tipo de regulación.
El movimiento tiene una dificultad adicional: si Diputados modifica el proyecto que recibió del Senado, la iniciativa deberá regresar a la Cámara alta. El oficialismo ya tuvo allí un debate complejo en agosto, cuando consiguió aprobar el proyecto por 37 votos contra 33, después de retirar los capítulos referidos a Tierras y Manejo del Fuego.
La negociación tampoco es solamente legislativa. Los bloques aliados, entre ellos sectores del PRO y el MID, reclamaron una salida frente a la cuestión de las tierras, pero algunos de esos legisladores no necesariamente están dispuestos a acompañar una derogación integral del DNU. La posibilidad de establecer nuevamente un límite aparece como una alternativa para canalizar esa diferencia sin que necesariamente derive en un voto contra todo el megadecreto.
La discusión por las tierras adquirió una dimensión mayor porque el artículo 154 forma parte de un decreto de 366 artículos que modificó y derogó normas de numerosos sectores. Si Diputados rechazara el DNU después del rechazo previo del Senado, la discusión ya no quedaría limitada a la Ley de Tierras.
Entre las normas alcanzadas por el megadecreto se encuentra la Ley de Alquileres, cuya derogación modificó las condiciones de los contratos de locación, además de regulaciones sobre medicina prepaga y otros sectores de la economía. Por eso, la discusión sobre Tierras funciona ahora como uno de los puntos concretos alrededor de los cuales el oficialismo busca negociar con sus aliados.
La convocatoria al plenario también tiene una dimensión vinculada con el quórum. La oposición necesita reunir 129 diputados para iniciar la sesión del jueves, mientras que el oficialismo busca que los bloques que mantienen diferencias con el Gobierno encuentren en las negociaciones sobre Tierras, discapacidad y otros proyectos motivos para no acompañar la convocatoria opositora.
El objetivo, según describieron fuentes legislativas, es ofrecer una salida a quienes rechazan la venta de tierras sin límites pero tampoco quieren avanzar con la derogación completa del DNU 70/23. La convocatoria del miércoles funciona así como una instancia de negociación previa a la sesión del jueves.
El proyecto que llegó a Diputados después de su paso por el Senado conserva otros cambios impulsados por el Gobierno en materia de propiedad privada. Entre ellos aparecen modificaciones vinculadas con los desalojos, las expropiaciones y el régimen de registración inmobiliaria.
La iniciativa busca establecer procedimientos más ágiles para los desalojos, modificar las reglas relacionadas con las expropiaciones y avanzar con una modernización del Registro de la Propiedad Inmueble. Durante su tratamiento en el Senado, además del capítulo de Tierras, fueron eliminadas las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego y otros puntos que habían generado resistencia.
El texto llegó a Diputados a comienzos de agosto y desde entonces permaneció sin tratamiento. Ahora, el fallo de la Corte y la ofensiva opositora contra el DNU volvieron a ponerlo en movimiento.
El Gobierno vuelve a discutir mediante una ley una regulación que había intentado eliminar mediante el DNU 70/23. La diferencia es que esta vez la incorporación de límites a la propiedad extranjera puede funcionar como parte de una negociación parlamentaria más amplia: preservar el resto de las reformas del megadecreto mientras se ofrece una respuesta específica sobre las tierras.
El escenario continúa abierto. La Corte todavía debe resolver el planteo de Árbol de Pie, mientras que Diputados deberá decidir si modifica el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y, en ese caso, el Senado volverá a tener la última palabra sobre los cambios.
Así, una controversia que comenzó en los tribunales terminó reordenando la agenda del Congreso. El fallo de la Corte volvió a poner en discusión la Ley de Tierras; la oposición aprovechó el nuevo escenario para insistir con el rechazo del DNU 70/23 y el Gobierno respondió reabriendo una negociación que había cerrado en agosto. La discusión sobre cuánto pueden comprar los extranjeros vuelve a quedar atada al futuro del megadecreto que marcó el comienzo de la gestión de Javier Milei.