Las empresas Rockhopper y Navitas tomaron la decisión final de inversión para la primera fase del proyecto, con una inversión estimada de 1800 millones de dólares. El gobierno argentino envió un proyecto de ley para ampliar sanciones y la Justicia Federal de Río Grande ordenó la suspensión cautelar de las actividades.
Unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en aguas del Atlántico Sur, el yacimiento petrolero Sea Lion se prepara para entrar en una etapa decisiva. Fue descubierto hace dieciséis años y, según los planes anunciados, comenzará a producir petróleo en marzo de 2028.
En diciembre de 2025, las empresas Rockhopper y Navitas adoptaron la decisión final de inversión para la primera fase del proyecto. La inversión prevista ronda los 1800 millones de dólares, las licencias fueron extendidas por el gobierno de las Islas Malvinas por 35 años y la producción podría prolongarse durante más de tres décadas.
El proyecto implica la extracción de un recurso natural no renovable en un área incluida en una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas. A diferencia de una campaña exploratoria, que puede retirarse, el petróleo extraído no vuelve al subsuelo.
En estos dieciséis años, la Argentina sancionó legislación específica, declaró ilegales esas actividades hidrocarburíferas, inhabilitó empresas, promovió acciones judiciales y formuló protestas diplomáticas. Rockhopper fue declarada clandestina y sus actividades consideradas ilegales en 2012, y al año siguiente fue inhabilitada por veinte años. Navitas recibió sanciones equivalentes en 2022. En agosto, Navitas ejerció la opción para adquirir un segundo buque de producción, con capacidad para sumar hasta 125.000 barriles diarios.
El gobierno argentino envió al Congreso un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que endurece y amplía las sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina, y alcanza también a accionistas y proveedores. La iniciativa profundiza una estrategia que el país ya viene aplicando: hacer valer el ordenamiento jurídico argentino frente a las actividades no autorizadas en el área en disputa.
A esas acciones se sumó una decisión judicial: la Justicia Federal de Río Grande ordenó cautelarmente a Rockhopper y Navitas suspender las actividades vinculadas con Sea Lion. El gobierno británico reafirmó que no reconoce jurisdicción argentina sobre las empresas que operan en las islas y que continuará respaldando su actividad económica, incluida la explotación de hidrocarburos.
La Argentina cuenta con más de seis décadas de construcción diplomática alrededor de la cuestión Malvinas. La resolución 2065 de la Asamblea General reconoció en 1965 la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y llamó a ambos gobiernos a encontrar una solución negociada. En 1973, la resolución 3160 reclamó acelerar las negociaciones. Tres años después, la resolución 31/49 pidió a ambas partes abstenerse de adoptar decisiones que implicaran introducir modificaciones unilaterales mientras la disputa permaneciera pendiente.
El objetivo de una iniciativa específica centrada en Sea Lion sería reafirmar las resoluciones existentes, advertir sobre las consecuencias de esta medida unilateral y volver a colocar la negociación entre ambos gobiernos en la agenda internacional. Las recientes declaraciones de Donald Trump introdujeron un elemento nuevo, al ofrecerse a intervenir en la controversia.
Existe otro terreno que la Argentina debería explorar: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Entre 2007 y 2011, como representante permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas, acompañé directamente la presentación que nuestro país realizó en Nueva York a partir del trabajo científico, técnico y jurídico de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (Copla).
Frente a Sea Lion, la Argentina debería explorar, en el marco de la Convemar, una vía circunscripta a la explotación unilateral de los recursos naturales del área en disputa. La cuestión de fondo –la soberanía sobre las Islas Malvinas– permanece en el ámbito de la controversia bilateral reconocida por las Naciones Unidas. Se trata de determinar si la Convención ofrece mecanismos para cuestionar que, mientras esa controversia permanezca pendiente, una de las partes avance unilateralmente sobre la explotación de un recurso no renovable y produzca una alteración irreversible en el área.
La Argentina y el Reino Unido son partes de la Convención. Si correspondiera, la Argentina podría solicitar al Tribunal Internacional del Derecho del Mar la adopción de medidas provisionales mientras se sustancia el procedimiento. El objetivo es frenar la explotación antes de que el petróleo comience a extraerse.
Un antecedente es el de la República de Mauricio, que mantuvo durante décadas una disputa con el Reino Unido por el archipiélago de Chagos. En 2010 inició un arbitraje bajo la Convemar por la creación británica de un área marina protegida. El tribunal no aceptó utilizar la Convención para decidir quién tenía soberanía sobre Chagos. Mauricio recurrió después a la Asamblea General de las Naciones Unidas; esta solicitó una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia, que se pronunció en 2019. La acumulación de instrumentos jurídicos y políticos terminó modificando el escenario.
Una estrategia de ese tipo tendría consecuencias que exceden el expediente jurídico. Sea Lion necesita capital, bancos, aseguradoras, proveedores, buques y empresas de servicios. Un proyecto sometido a controversias internacionales y procedimientos arbitrales opera bajo condiciones diferentes de uno que avanza en un escenario de aparente normalidad jurídica.
La internacionalización de la disputa también modifica el cálculo político: obliga al Reino Unido a responder en otros ámbitos y eleva el costo de pretender que la negativa a negociar pueda convivir indefinidamente con sus decisiones unilaterales en el área en disputa. La Argentina cuenta con un amplio respaldo internacional al llamado de las Naciones Unidas a encontrar una solución negociada a la disputa de soberanía.
El petróleo es un recurso no renovable. Hay que actuar antes del primer barril. Después, puede ser tarde.