El proyecto de presupuesto 2027 y la ley de defensa de la soberanía nacional generan tensiones internas y externas en el Gobierno de Javier Milei, en un contexto de indicadores económicos negativos.
El proyecto de presupuesto 2027 y la denominada ‘ley Malvinas’ abrieron varios frentes de conflicto incluso dentro del oficialismo, que enfrenta el desgaste de la evolución de los indicadores económico-financieros.
El cálculo de gastos y recursos debía articularse con el amplio proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional. La estrechez de recursos estatales, agravada por la caída del PBI en el segundo trimestre de 2026, se vio tensionada por la búsqueda de recuperación de iniciativa política de Javier Milei mediante la reivindicación de la causa Malvinas, que demanda fondos y votos.
En la disputa por la distribución de fondos surgieron cuestionamientos internos y externos por recortes o limitaciones a la actualización de aportes para personas con discapacidad, conflicto que se extiende por más de un año. También se registran reclamos por los fondos para educación superior, que vuelven a estar lejos de las demandas de las universidades públicas nacionales. A esto se sumó el recorte de hecho a la Asignación Universal por Hijo (AUH), que había sido una de las políticas mejor valoradas del Gobierno.
La jefa de la bancada oficialista de senadores, Patricia Bullrich, sostuvo en declaraciones a radio Rivadavia que el recorte y las reformas a la ley de discapacidad incluidas en el presupuesto se dispusieron sin aviso ni discusión previa en la mesa política, donde 48 horas antes se había hablado de la iniciativa. Los cambios introducidos habrían contradicho promesas hechas a bloques aliados y dialoguistas, en un momento en que se reclamaba apoyo para otras iniciativas como la ley de Inocencia Fiscal II y la reforma política electoral.
Bullrich explicitó el déficit de credibilidad del oficialismo por incumplimiento de compromisos. Un estrecho colaborador del Presidente dijo que la exposición de Bullrich ‘cayó muy mal. Hay mucho enojo con ella’. En el Palacio de Hacienda desmintieron a Bullrich y afirmaron que el tema había sido discutido en la mesa política.
La ‘ley Malvinas’ incluye reformas que van desde la ley de defensa hasta el Código Penal, con amplias atribuciones al Poder Ejecutivo. La modificación del artículo 225 bis del Código Penal establece penas de cinco a 12 años de prisión para quien, ‘actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero realizare actividades que alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva’.
Especialistas en derecho penal y legisladores de la oposición señalaron que la redacción podría utilizarse como herramienta de persecución política contra la prensa y la sociedad civil. El excamarista Ricardo Gil Lavedra afirmó que no cumple el principio constitucional de legalidad por la vaguedad de las conductas. El abogado Hugo Wortman Jofré indicó que se trata de ‘un tipo penal muy abierto’. El director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, destacó la necesidad de que las normativas no terminen siendo herramientas de censura. El constitucionalista Roberto Gargarella sostuvo que el articulado muestra parecidos con iniciativas de gobiernos populistas y autoritarios, como los de Putin, Maduro y Erdogan.
El proyecto también asigna atribuciones al Consejo Nacional de Seguridad, que lideraría el Presidente, para exigir datos e informes a cualquier dependencia pública y disponer medidas de emergencia como restricciones financieras, bloqueo de activos, suspensión de contratos y aumentos temporales de derechos de importación o exportación, sujetas a control judicial.
El asesor Santiago Caputo defendió el proyecto y descalificó en redes sociales a quienes lo cuestionaron. El Presidente publicó por la tarde una serie de epítetos contra periodistas, sin explicar el motivo.
En la jornada se conocieron malos datos sobre la actividad económica, cuestionamientos de Bullrich al presupuesto, críticas a artículos de la ley de defensa y filtraciones sobre gastos en la residencia de Olivos que derivaron en despidos y recambio de seguridad.