Los docentes universitarios nucleados en ADIUC cumplen este miércoles un paro por 24 horas en Córdoba, tras rechazar la oferta salarial del Gobierno nacional. La medida se enmarca en el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario.
Los docentes universitarios de Córdoba, nucleados en la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (ADIUC), cumplen este miércoles un paro por 24 horas. La medida se adoptó tras rechazar la oferta salarial presentada por el Gobierno nacional.
Clara Chevalier, Secretaria General de la Confederación de Docentes Universitarios (CONADU), afirmó: “No fue una oferta, fue una provocación. CONADU junto a las demás Federaciones docentes fuimos con la determinación de recuperar lo perdido: 31,2% + agosto + los salarios adeudados y el abordaje del FONID”.
Chevalier agregó: “Además, planteamos que la única resolución del conflicto es con el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario”.
“Planteamos toda nuestra agenda paritaria. Sin embargo, el gobierno dijo que solo estaban dispuestos a pagar un 3% más, cifra que no guarda relación con el INDEC ni con nada”, explicó.
“Por eso, todo el sistema universitario definió un paro de 24 horas, y a fines de esta semana nos vamos a reunir para evaluar la continuidad del plan de lucha”, informó Chevalier.
El Frente Sindical Universitario rechazó “de manera unánime el vergonzoso aumento del 3% que ofreció el gobierno nacional”, según consignaron en un comunicado.
ADIUC recordó en un comunicado que “en el acta del 10 de junio quedó escrito el compromiso de la constitución de la mesa de negociación para el sistema de preuniversitarios y la necesidad de discutir la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo en lo que respecta al nomenclador salarial y los adicionales por posgrados”. Además, señalaron “la falta de respuesta a las becas, gastos de funcionamiento y fondos para hospitales”.
En relación con la Ley de Financiamiento Universitario, el juez federal Martín Cormick otorgó al Ejecutivo un plazo de tres días para presentar un informe que documente el grado de cumplimiento de dicha ley.