La Legislatura de Córdoba actualizará los requisitos para la incorporación y permanencia de asistentes legislativos, mientras el legislador Oscar Agost Carreño impulsa un sistema de verificación permanente de antecedentes para todo el personal.
La Secretaría Administrativa de la Unicameral de Córdoba proyecta un nuevo régimen para reforzar las condiciones de contratación y seguimiento de los asistentes legislativos. La medida se da en medio del impacto generado por los casos de colaboradores del legislador Ramón “Cañito” Flores, que derivaron en sus desvinculaciones de la cámara.
La actualización será plasmada en un decreto de la presidencia de la Legislatura y apunta a fortalecer los controles sobre el personal permanente y contratado. El objetivo es que la verificación de antecedentes no quede limitada al momento del ingreso, sino que exista un seguimiento periódico durante la permanencia del trabajador en la cámara.
Entre las medidas previstas figura la renovación cada seis meses tanto del Certificado de Buena Conducta emitido por la Policía de Córdoba como del Certificado de Antecedentes Penales del Registro Nacional de Reincidencia.
Uno de los casos que mayor impacto generó fue el de José Aníbal Ricardo Villarreal, detenido e imputado por presunto abuso sexual con acceso carnal y grooming, en el marco de una investigación judicial por hechos que tienen como víctimas a adolescentes de 13 y 14 años en Villa de María de Río Seco. También quedó bajo la lupa la situación de Ariel Alejandro Rodríguez, quien se desempeñó como asesor y registra una condena firme a tres años y seis meses de prisión efectiva por los delitos de peculado y usurpación. Ambos fueron desvinculados de la Legislatura.
En paralelo, el legislador Oscar Agost Carreño presentó un proyecto para crear un sistema permanente de verificación de antecedentes y situaciones judiciales que alcance a todas las personas que trabajan en la Legislatura. La iniciativa busca reemplazar el esquema basado principalmente en la presentación periódica de certificados por un sistema institucional que permita consultar de manera frecuente y segura la información disponible en el Registro Nacional de Reincidencia, la Policía de Córdoba, el Poder Judicial provincial y otros organismos competentes.
El mecanismo alcanzaría a todo el personal legislativo: planta permanente y temporaria, autoridades superiores, integrantes de gabinetes, asesores y contratados. El proyecto establece que las verificaciones deberán realizarse con una periodicidad máxima de 15 días y contempla mecanismos de alerta más rápidos cuando los organismos involucrados dispongan de esa posibilidad.
“Los casos que conocimos son gravísimos y naturalmente requieren explicaciones sobre cómo funcionaron los mecanismos de selección y control. Pero tenemos que ir más allá de la polémica y corregir el problema institucional. Un certificado de antecedentes es una fotografía del día en que se emite. Si al día siguiente aparece una imputación o una condena, la Legislatura no puede enterarse seis meses después”, sostuvo el jefe del bloque PRO.
La propuesta contempla además la creación de un protocolo institucional de actuación que establezca de antemano cómo debe proceder la Legislatura frente a cada situación detectada. El protocolo debería diferenciar entre condenas firmes, procesos penales en trámite, imputaciones, medidas cautelares y otras situaciones judiciales. También establecería procedimientos específicos frente a delitos contra la integridad sexual, hechos que involucren a niñas, niños y adolescentes, violencia de género, trata y explotación de personas, delitos contra la administración pública y otros hechos graves que puedan resultar incompatibles con determinadas funciones dentro del Poder Legislativo.
“Esto no puede depender de que cada legislador investigue permanentemente a sus asesores ni puede activarse solamente cuando un caso llega a los medios. El control tiene que ser responsabilidad de la Legislatura, con las mismas reglas para el oficialismo y para la oposición”, afirmó Agost Carreño.
La propuesta se complementa con otro proyecto impulsado por Agost Carreño en abril para reformar el régimen provincial de antecedentes penales. Esa iniciativa plantea derogar la Ley Provincial N° 8.691 y utilizar el Registro Nacional de Reincidencia, regulado por la Ley Nacional N° 22.117, como fuente única, centralizada y uniforme de información sobre antecedentes penales.