La Fundación Ideas para la Paz (FIP) presentó un informe que analiza la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, señalando un incremento del 90% en el número de integrantes de grupos armados ilegales entre diciembre de 2022 y julio de 2026, así como fallas estructurales en el diseño de la estrategia.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) publicó un informe que evalúa la implementación de la política de Paz Total durante el gobierno de Gustavo Petro. El documento, elaborado por el área de Conflicto y Seguridad de la FIP, analiza el diseño, los resultados y los errores de la estrategia, y plantea la necesidad de una revisión para futuros procesos de negociación con grupos armados.
Según el informe, a julio de 2026 Colombia registra 28.802 integrantes de grupos armados ilegales, lo que representa un aumento del 90% respecto a los 15.120 registrados en diciembre de 2022. Esta cifra incluye combatientes, redes de apoyo e informantes, y evidencia, según la Fuerza Pública, un incremento en la capacidad territorial y operativa de las organizaciones criminales.
El Clan del Golfo (Ejército Gaitanista de Colombia, EGC) encabeza el listado con 10.268 integrantes, un incremento del 152%. Le sigue el ELN con 7.123 miembros (22% de aumento), el Estado Mayor Central (EMC) con 4.480 (109% de crecimiento) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) con 2.359 integrantes (108% más).
El número de disputas entre actores ilegales pasó de 7 en 2022 a 14 en 2026. Solo en 2025 se documentaron 116 enfrentamientos, la cifra más alta desde 2016.
La FIP sostiene que el fracaso de la Paz Total no se debe exclusivamente a factores coyunturales o a políticas de seguridad mal diseñadas, sino a problemas estructurales en su diseño institucional y jurídico. El informe señala que la propuesta nació de la aspiración de un diálogo “global, simultáneo e integral”, pero careció de un método claro, de rutas legales sólidas para la transición a la vida civil y de una caracterización adecuada de los grupos armados.
Otro punto señalado es la falta de autocrítica y la promoción de una narrativa gubernamental que atribuía la incomprensión de la Paz Total a la opinión pública y a los propios negociadores, lo que dificultó la corrección de errores a tiempo.
En el terreno, la Paz Total mostró falencias en sus tres ejes principales: desescalamiento de la violencia, transformación territorial y tránsito a la legalidad. Si bien se alcanzaron acuerdos en nueve mesas de diálogo (tres sociopolíticas y seis sociojurídicas), la mayoría de estos compromisos quedaron en el papel y sin un impacto real en las zonas de operación de los grupos.
La gobernanza criminal y los indicadores de desplazamiento, secuestro, confinamiento y reclutamiento han aumentado, lo que demuestra que las organizaciones armadas han fortalecido su control en amplias regiones del país.
El informe destaca que, pese a los anuncios oficiales, los logros en reducción de homicidios en lugares como Putumayo, Nariño o el Valle de Aburrá no pueden atribuirse directamente a la política de Paz Total, sino que responden a tendencias consolidadas o a acuerdos logrados por la sociedad civil más que por el gobierno. En Buenaventura, por ejemplo, la tregua entre bandas como Shottas y Espartanos se rompió en febrero de 2025, reactivando la crisis de seguridad.
Respecto a la transformación territorial, la FIP identificó 55 compromisos en ocho mesas, pero solo 23 proyectos se habían entregado hasta junio de 2026. El proceso se vio debilitado por el desgaste de la participación comunitaria, la superposición con otros programas como los PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) y la falta de compromisos verificables de desarme o desmantelamiento de estructuras.
En varios casos, desde la FIP se advirtió que la inversión estatal y la presencia institucional comenzaron a depender de la intermediación de actores armados, lo que contribuyó a legitimar su rol en los territorios y a debilitar la autoridad estatal.
El tránsito a la ciudadanía fue el punto más débil de la Paz Total. Ningún grupo armado completó su paso a la legalidad, salvo 99 integrantes de la Cneb concentrados en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT), cuya situación jurídica sigue sin resolverse. La creación de siete ZUT en los últimos meses del gobierno, sin que las mesas estuvieran en una etapa avanzada, trasladó al próximo gobierno la responsabilidad de administrar estos espacios.
En el ámbito jurídico, la FIP resaltó que los intentos de crear un marco legal para el sometimiento colectivo fracasaron: dos proyectos de ley, presentados en 2023 y 2025, quedaron archivados sin avanzar en el Congreso. Esta ausencia de garantías jurídicas dejó a los procesos de negociación y sometimiento sin piso legal, limitando sus posibilidades de éxito y restando incentivos reales para el desmantelamiento de las estructuras armadas.
El informe enumera trece desaciertos centrales, entre los que destacan la ausencia de líneas rojas frente a la expansión de los grupos, el reclutamiento de menores y la presión contra la población civil, así como la fragmentación institucional y la falta de articulación entre la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, la Fiscalía y el sector Defensa.
La erosión de la confianza pública en la salida negociada también es evidente: el respaldo a los diálogos cayó de 76% en agosto de 2022 a 50% en febrero de 2025.
Entre las recomendaciones, la FIP hizo hincapié en la necesidad de realizar diagnósticos precisos del contexto y de los actores, fortalecer la articulación institucional, no ofrecer ceses al fuego sin condiciones verificables, y dotar de un marco jurídico robusto a cualquier negociación. También se aseveró desde la organización que la seguridad y la negociación deben avanzar de manera articulada, sin que una subordine a la otra, y que la protección de la participación ciudadana y la acción sin daño sean principios rectores de cualquier proceso de paz futuro.