El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se refirió a la presentación de la defensa de Cristina Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y descartó que la exmandataria sea candidata en 2027.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se refirió a la decisión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de llevar su condena en la causa Vialidad al plano internacional. En una entrevista con Radio La Red, Menem sostuvo que el recurso presentado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas constituye un nuevo intento de la exmandataria por desconocer una sentencia firme de la Justicia argentina.
Menem afirmó que el expediente atravesó todas las instancias previstas por el ordenamiento jurídico nacional, que la condena fue confirmada por los tribunales superiores y que el Gobierno no observa fundamentos para que un organismo internacional revierta una decisión adoptada por los jueces argentinos. «No veo viable el pedido de Cristina Fernández de Kirchner, las cartas están jugadas», declaró.
Durante la entrevista con Paulo Vilouta, Menem también se mostró escéptico sobre un eventual enfrentamiento electoral entre el presidente Javier Milei y la exvicepresidenta en las elecciones presidenciales de 2027. «No veo un 2027, Milei vs. CFK», expresó. Asimismo, descartó la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a competir por la Presidencia: «No veo a CFK candidata», sostuvo.
Las declaraciones del titular de la Cámara baja llegaron pocas horas después de que la defensa de Cristina Kirchner anunciara oficialmente la presentación de una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, organismo encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado que la Argentina incorporó a su ordenamiento jurídico con jerarquía constitucional. El escrito sostiene que durante el proceso judicial que culminó con la condena por la causa Vialidad se produjeron múltiples violaciones a las garantías del debido proceso, la imparcialidad judicial y los derechos políticos reconocidos por ese tratado internacional.
El reclamo internacional no constituye una apelación ordinaria ni una nueva instancia judicial capaz de revisar directamente la sentencia dictada por los tribunales argentinos. En cambio, procura que el Comité analice si el Estado argentino incumplió las obligaciones asumidas al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Si el organismo considera admisible la presentación, abrirá un procedimiento de intercambio de observaciones entre la defensa de la ex presidenta y el Estado argentino, para luego emitir un dictamen sobre la eventual vulneración de derechos fundamentales. Ese pronunciamiento no implica la anulación automática de la condena, aunque sí podría transformarse en un fuerte elemento de presión política e institucional para que el Estado adopte medidas de reparación si el Comité entendiera que existieron violaciones al tratado.
La estrategia fue diseñada por el histórico abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, quien continúa encabezando su defensa en el ámbito local, junto con dos especialistas incorporados específicamente para la etapa internacional: el jurista brasileño Rafael Valim, reconocido por su actuación en procesos de derecho público y litigios internacionales, y el español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La incorporación de ambos fue presentada por la propia ex Jefa de Estado como una forma de trasladar el debate jurídico hacia los estándares internacionales de protección de los derechos humanos y reforzar la argumentación sobre las supuestas irregularidades del proceso judicial argentino.
En la presentación realizada ante Naciones Unidas, los abogados sostienen que la condena no sólo afectó la libertad personal de la exmandataria sino también su derecho a participar en la vida política y a ser elegida para cargos públicos. El punto central del reclamo es la inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas, sanción que consideran desproporcionada y contraria a las garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Según la defensa, esa pena produjo una proscripción política que restringe tanto los derechos individuales de Cristina Kirchner como el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes.