Residentes del edificio en la calle José Bielsa 18, en el barrio madrileño de Usera, afirmaron que la empresa Divarian, gestionada por el fondo Cerberus Capital Management, no repara desperfectos y busca vender el bloque pese a contratos de alquiler vigentes.
El edificio ubicado en la calle José Bielsa 18, en el barrio madrileño de Usera, fue desalojado en 2021 y rehabilitado para alquiler en 2022 tras ser comprado por la empresa Divarian a la SAREB. Según declaraciones de los vecinos a Infobae, desde entonces se registraron problemas como inundaciones, humedades, roturas en puertas del garaje y fallos en la presión del agua, que la empresa se niega a reparar argumentando que se deben al uso.
José David Carracedo, residente del bloque, declaró que el termostato de la calefacción dejó de funcionar en octubre y la empresa afirmó que la avería correspondía al uso, pese a que no lo había utilizado. Añadió que la empresa otorgó solo un mes para solicitar reparaciones tras la mudanza y que luego rechazó cualquier reclamo.
Los vecinos también reportaron robos en trasteros y sótanos, así como demoras en la respuesta de la propiedad. Indicaron que las puertas del garaje estuvieron averiadas durante un año y medio, y que las inundaciones en el foso del ascensor lo dejaron inutilizado, afectando a un residente con movilidad reducida en el tercer piso.
En 2025, los inquilinos tomaron conocimiento de que Divarian planeaba vender los pisos mientras ellos seguían ocupando las viviendas con contratos vigentes. Junto al Sindicato de Inquilinas de Madrid, colocaron pancartas en la fachada para visibilizar su protesta, lo que, según afirmaron, bloqueó varias visitas de inversores y detuvo temporalmente el proceso de venta.
David sostuvo que la empresa los amenazó con iniciar juicios si no retiraban las pancartas, citando una cláusula contractual sobre el buen convivir y la estética del edificio. No obstante, señaló que la ordenanza municipal de Madrid permite explícitamente las pancartas de protesta de sindicatos.
Los vecinos denunciaron que Divarian impone cláusulas que consideran abusivas, como el cobro de la comunidad de propietarios sin posibilidad de negociación, el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la exigencia de un seguro obligatorio que, según el Sindicato de Inquilinas, fue rechazado en otros casos por los tribunales. Indicaron que las cuotas mensuales de la comunidad oscilan entre 180 y 250 euros, mientras que los únicos servicios activos son la limpieza de zonas comunes.
Los residentes exigen a Divarian y a Cerberus la reparación de los desperfectos, el fin de las cláusulas que consideran abusivas y la renovación de los contratos de alquiler en las mismas condiciones actuales.