León XIV pidió este lunes en el Congreso de los Diputados de España una respuesta coordinada para acoger e integrar a los migrantes, mientras la Unión Europea avanza en medidas de control y deportación.
El papa León XIV pronunció este lunes un discurso de media hora en el Congreso de los Diputados de España, en el que abordó la situación de los migrantes. “Numerosos hombres, mujeres y niños se ven obligados, por circunstancias muchas veces dramáticas, a partir de sus comunidades y dejar atrás seres queridos, historias y vínculos. Esta realidad rebasa cualquier lectura puramente demográfica o económica: constituye una cuestión eminentemente moral y jurídica”, afirmó el pontífice.
Durante su intervención, el papa reclamó a toda Europa “una respuesta coordinada, solidaria y eficaz” que garantice la protección, acogida e integración “real” de quienes emigran. El discurso se produjo mientras la Unión Europea debate el endurecimiento de sus políticas migratorias y de asilo.
Este verano entrará en vigor el Pacto de Migración y Asilo, que establecerá controles más estrictos para las personas que lleguen a las fronteras externas —identificación, controles sanitarios y de seguridad— durante un máximo de siete días. La norma también incluye una “carta de solidaridad” que permite a los Estados eludir la acogida de migrantes mediante un pago de 20.000 euros por persona.
Además, el Parlamento Europeo aprobó este mes acelerar la implementación de centros de deportación de migrantes fuera del territorio de la UE. Estos espacios podrán funcionar como destino final o como centros de transferencia para facilitar la expulsión hacia el país de origen u otro tercer país. La medida fue impulsada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y generó críticas de asociaciones de derechos humanos y dudas de tribunales romanos sobre las garantías de seguridad de las personas interceptadas en el mar. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó la iniciativa como una “solución innovadora”.
Ocho países europeos —Alemania, Austria, Dinamarca, Eslovenia, Francia, Italia, Países Bajos, Suecia y Noruega— han implementado restricciones de movimiento en sus fronteras. Polonia introdujo en 2025 controles terrestres en su frontera con países vecinos. Suiza, que no forma parte de la UE pero sí del espacio Schengen, debatirá el 14 de junio una iniciativa que propone un límite de población de 10 millones de habitantes, impulsada por el Partido Popular suizo. España, en contraste, realizó una regularización extraordinaria de migrantes que afectó a unas 500.000 personas residentes en el país.