Gobernadores de distintas jurisdicciones exigen el pago de deudas acumuladas por la obra social nacional, mientras los hospitales provinciales absorben una creciente demanda de afiliados.
La deuda que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) mantiene con la mayoría de las administraciones provinciales genera fricción con el gobierno nacional y pone en alerta a los gobernadores. En los últimos días, los mandatarios de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Córdoba, Martín Llaryora, sumaron sus reclamos públicos a los que ya había realizado Neuquén el año pasado, situación que, según confirmaron desde esa provincia, sigue sin resolverse.
El conflicto se centra en que los jubilados nacionales que no reciben atención en el PAMI terminan siendo atendidos en los sistemas públicos de salud provinciales y municipales, los cuales reportan una saturación creciente. «Jamás vamos a dejar a un abuelo sin atender porque la Nación no nos paga», afirmó Jaldo, quien señaló que la obra social le adeuda a Tucumán $50.000 millones. Por su parte, Llaryora exigió: «No se escondan más, pongan la cara y los recursos».
En Córdoba, fuentes oficiales estiman en $9000 millones la deuda acumulada con municipios por medicamentos de alto costo, y calculan que el PAMI le adeuda entre $1700 y $1800 millones mensuales desde octubre. Desde el PAMI indicaron que ya «se empezaron a normalizar los pagos» y que la decisión es «regularizar en el corto plazo y garantizar previsibilidad en el sistema», aunque no brindaron cifras concretas sobre los fondos habilitados por el Ministerio de Economía.
El escenario se repite en varias provincias. En Santa Fe, la vocera del gobierno, Virginia Coudannes, señaló que los afiliados al PAMI representan el 25% de los pacientes con cobertura que se atienden en el sistema público provincial. En Misiones, se observa un traslado masivo de pacientes que supera el 30%, mientras que en Neuquén la situación es más crítica: dos de cada tres beneficiarios del PAMI se atienden en el sistema público.
En San Juan, el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, afirmó: «Nosotros estamos sosteniendo al PAMI», detallando que el 80% de las cirugías de cadera en el Hospital Rawson corresponden a afiliados de la obra social. En Mendoza, el sistema público se ve colapsado por la falta de turnos en las clínicas que atienden PAMI, y desde la cartera sanitaria local remarcan que el Estado provincial financia una responsabilidad que corresponde a la Nación.
Frente a los reclamos, el director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo, relativizó la situación: «No creo que tengamos un momento de crisis. Llevo 20 años en la institución y ha habido situaciones mucho más difíciles». Mientras tanto, en el Congreso hay varios pedidos de informes sobre la situación del instituto, que se suman a los reclamos de prestadores y a un reciente paro de médicos de cabecera.
Datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación muestran que los fondos para las prestaciones del PAMI se contrajeron un 41,3% en el primer trimestre del año en términos reales interanuales.