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Banco Central de Paraguay dispuso la resolución de ueno bank y activó la devolución de depósitos

El 2 de noviembre, el Directorio del Banco Central de Paraguay resolvió abrir el procedimiento de resolución de ueno bank tras constatar que su índice de solvencia cayó por debajo de la mitad del mínimo exigido. La medida afectó a cerca de tres millones de clientes. El Fondo de Garantía de Depósitos ya comenzó a devolver los depósitos hasta el tope legal.

El martes 3 de noviembre, cerca de tres millones de clientes de ueno bank (alrededor del 60% de la población adulta de Paraguay, según cifras difundidas por la propia entidad) quedaron imposibilitados de operar con sus cuentas, hacer transferencias o usar sus tarjetas. La situación se produjo después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera iniciar el procedimiento de resolución del banco.

El Directorio del BCP resolvió el 2 de noviembre abrir el procedimiento de resolución, tras constatar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.

La crisis escaló al plano político. Carlos Carvallo, entonces presidente del BCP y exdirector de la financiera de la que surgió ueno, renunció al día siguiente. Santiago Peña fue destituido tras un juicio político el 6 de noviembre e imputado por la Fiscalía al día siguiente, acusaciones que deberán dirimirse en la Justicia.

El Fondo de Garantía de Depósitos paraguayo comenzó a devolver los depósitos hasta el tope legal. Los saldos en dólares se pagan en guaraníes, al tipo de cambio del día de la resolución. El jueves 5 de noviembre, el guaraní se depreció 4,68% frente al dólar en una sola jornada.

El caso motivó un análisis sobre los respaldos de distintos instrumentos de ahorro en la Argentina ante un escenario hipotético de problemas de solvencia de un banco de primera línea. El ejercicio revisa la protección jurídica de seis formas de ahorro con las reglas locales, sin trazar un paralelismo entre ambos sistemas ni anticipar un escenario para la Argentina.

  1. Cuenta corriente en pesos: el sistema argentino cuenta con un seguro de garantía de los depósitos administrado por SEDESA (Seguros de Depósitos S.A.), que desde el 1° de abril de 2026 cubre hasta 50 millones de pesos por persona y por entidad financiera. El tope incluye el capital y los intereses devengados hasta la fecha de revocación de la autorización del banco. Para calcularlo se suman todas las cuentas y plazos fijos del titular en esa entidad y, si la cuenta es conjunta, se reparte entre los titulares. El decreto reglamentario fija un plazo de 30 días hábiles para el pago desde la revocación. La legislación contempla además mecanismos de reestructuración: en el marco del artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras, el Banco Central puede disponer la transferencia de determinados activos y pasivos a otra entidad, lo que puede preservar depósitos más allá de la cobertura del seguro, aunque no es automático ni garantiza la restitución íntegra. Por encima del tope, el depositante pasa a ser acreedor en la liquidación.
  2. Caja de ahorro en dólares: la garantía también alcanza a los depósitos en moneda extranjera. Para determinar si quedan dentro del tope, los dólares se convierten a pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación del día anterior a la revocación. El decreto establece que el pago se realiza en pesos o en moneda extranjera, según la proporción de cada moneda en el capital depositado. Como el tope está fijado en pesos, su equivalente en dólares depende de la cotización. Con el dólar oficial en torno a los 1.570 pesos en el Banco Nación, los 50 millones de pesos equivalían a unos 32.000 dólares.
  3. Plazo fijo en pesos: también está cubierto, sumado al resto de los depósitos del mismo titular en el mismo banco. Quedan excluidos los plazos fijos pactados a tasas superiores a 1,3 veces la tasa de referencia del Banco Central o a esa tasa más cinco puntos porcentuales, según cuál de los dos límites resulte mayor. La garantía cubre el capital y los intereses devengados hasta la fecha que fija el régimen, no lo que se habría cobrado al final del plazo.
  4. Bonos y acciones en una ALyC: los bonos, acciones y CEDEARs comprados a través de un agente de liquidación y compensación (ALyC) quedan registrados en una subcuenta comitente a nombre del titular en Caja de Valores, y las normas de la CNV prohíben al agente disponer de ellos. Si la ALyC tiene problemas, el titular puede pedir el traspaso de sus títulos a otro agente, aunque el trámite no es automático ni inmediato. El dinero no invertido tiene otro tratamiento: es un saldo a favor frente al agente. Desde este año, la CNV exige registrarlo en el pasivo de la ALyC y sin compensarlo con los saldos de otros clientes. Para ese saldo no existe una garantía equivalente al seguro de depósitos bancarios.
  5. Stablecoins en un exchange o en autocustodia: en un exchange, el titular delega la custodia de sus activos. Desde el 16 de octubre, la CNV exige a los proveedores de servicios de activos virtuales que brindan custodia una separación entre los activos virtuales y fondos propios y los de sus clientes. Esto mejora la protección, pero no equivale a una garantía estatal ni elimina el riesgo de que una plataforma en crisis suspenda los retiros. En autocustodia (una wallet propia, de la que solo el titular controla las claves privadas), la insolvencia de un banco argentino no afecta directamente el control de los tokens. Los riesgos remanentes son los del emisor, que puede congelar direcciones y depende de dónde tiene sus reservas, y los de la red.
  6. Fondo común de inversión de obligaciones negociables: la ley 24.083 establece que los bienes de un fondo común de inversión constituyen un patrimonio separado del de la sociedad gerente y del de la sociedad depositaria, la entidad financiera que custodia sus activos. La misma ley dispone que el dinero no invertido del fondo se deposite en bancos distintos de la depositaria, salvo lo necesario para operar. Una crisis de la depositaria podría generar dificultades operativas. Si una empresa emisora de obligaciones negociables deja de pagar, la cartera pierde valor. La ley fija como regla un plazo de hasta tres días hábiles para pagar los rescates y admite suspenderlos solo en situaciones excepcionales, como cuando no es posible determinar el valor de la cuotaparte. Si la suspensión supera los tres días, debe decidirla la CNV.

El análisis concluye que tener dinero en una cuenta bancaria, ser titular de un bono o controlar una stablecoin desde una billetera propia son situaciones jurídicas y financieras diferentes. La moneda en la que está expresado un ahorro no determina quién responde por él: un depósito tiene como deudor a un banco, una obligación negociable a una empresa y una stablecoin a un emisor privado y, según el caso, a una plataforma.

Respecto de los dólares depositados, en la Argentina la garantía se calcula en pesos pero debe pagarse en la moneda del depósito, aunque el tope en dólares se reduce si sube el tipo de cambio. El texto sugiere considerar la diversificación en dos planos: entre instrumentos y monedas, y entre entidades, intermediarios y formas de custodia, para que el problema de un solo eslabón no comprometa la disponibilidad de todos los ahorros al mismo tiempo. En el caso de los depósitos, ello incluye mantener el saldo en cada banco dentro de los 50 millones de pesos que cubre la garantía.

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