El procurador fiscal ante la Corte Suprema, Víctor Abramovich, afirmó que el máximo tribunal atraviesa una situación institucional anómala por la falta de integración completa y la ausencia de consensos políticos para designar jueces. En una entrevista radial, sostuvo que el problema excede la coyuntura y refleja dificultades del sistema político para construir mayorías agravadas.
El procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Víctor Abramovich, declaró que el máximo tribunal funciona actualmente con tres miembros en lugar de cinco, lo que calificó como una situación institucional anómala. En una entrevista con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Radio Perfil (AM 1190), Abramovich sostuvo que la integración incompleta de la Corte responde a la dificultad del sistema político para construir acuerdos que requieren mayorías agravadas en el Congreso.
Abramovich, abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, ocupa el cargo de procurador fiscal ante la Corte desde septiembre de 2015. Previamente dirigió el CELS entre 2000 y 2005 y ejerció la vicepresidencia de la CIDH entre 2006 y 2009. La Fundación Konex le otorgó el Premio Konex de Platino 2026 en Derecho Constitucional, Internacional y Público.
Consultado sobre la crisis de la Corte, Abramovich afirmó: «La Corte de tres jueces no es la Corte que establece la ley ni es la Corte que esperamos que funcione. No creo que sea una cuestión que atañe a los jueces: es el sistema político el que tiene que integrar la Corte». Agregó que tanto la Procuración General como la Defensoría General de la Nación también tienen sus cargos vacantes, lo que configura una situación institucional anómala.
Respecto de las causas de esta situación, el procurador señaló: «No sé si hay una única causa, pero me parece que lo que se observa es la dificultad de construir acuerdos políticos, porque estos son cargos que requieren mayorías agravadas y, en los últimos períodos de gobierno, con distintas composiciones del Congreso y distintas relaciones entre el Gobierno y el Congreso, no se ha logrado construir esos acuerdos políticos». Añadió que se trata de un problema institucional que trasciende la actual gestión y la actual Corte.
Abramovich también se refirió a los incentivos que podrían influir en la falta de designaciones: «Puede ser. Sí, yo creo que hay una cuestión de incentivos que juega en esto, también en la lógica con la cual se piensa en esas instituciones. Yo creo que se piensa mucho en la Corte como un mecanismo que puede llegar a obstaculizar la gestión y, entonces, desde esa perspectiva, aparecen las prevenciones al momento de cubrirla».
Sobre el funcionamiento del tribunal, indicó que una Corte no plenamente integrada «funciona a media máquina» y cuenta con menor capital simbólico para enfrentar situaciones conflictivas. No obstante, aclaró que las decisiones que toma tienen la misma importancia que si estuviera completa.
En cuanto a la comparación con otras épocas, Abramovich mencionó que hubo cortes con mayor legitimidad social, como la de la transición democrática durante el gobierno de Alfonsín y la posterior a la crisis de 2001. Señaló que esas cortes decidieron sobre casos de crímenes de lesa humanidad y abrieron jurisprudencia sobre acceso a la información y libertad de expresión.
El procurador propuso reformas en los procedimientos para mejorar el funcionamiento del tribunal. Mencionó que en 2025 ingresaron a la Corte 58.000 casos y se dictaron 15.000 fallos, lo que representa más de 50 casos por día laborable. Si bien la mayoría son decisiones de inadmisibilidad mediante el artículo 280 del certiorari, la Corte dicta entre 200 y 300 sentencias relevantes por año. Sugirió que se establezca un cronograma de causas trascendentes, como el que se elaboró en 2013 mediante una acordada, para que la sociedad conozca anticipadamente los temas de relevancia que se decidirán.
Asimismo, cuestionó la falta de audiencias públicas: «Hace muchos años que la Corte no hace audiencias públicas y debería también habilitarlas». Recordó que la última audiencia se realizó hace tres o cuatro años, en un caso sobre educación religiosa en escuelas de Salta, y que antes hubo audiencias por el derecho al olvido y por producción de cannabis para consumo personal.
Consultado sobre si los gobiernos prefieren una Corte debilitada, Abramovich respondió: «Si hubiera una Corte con buenas juezas y buenos jueces, yo creo que eso sería bueno para el Gobierno. Las cortes que funcionaron bien no resultaron un problema para los gobiernos, ni para Alfonsín ni para el inicio del gobierno de Néstor Kirchner». Agregó que una Corte plural, equilibrada y con legitimidad otorga seguridad jurídica y certeza sobre las reglas a largo plazo.
Finalmente, sobre el mensaje a la ciudadanía, Abramovich destacó la importancia de las universidades públicas en su formación y trabajo, y reafirmó la vigencia de los derechos humanos y del derecho internacional y el multilateralismo como ideas fundamentales para el esquema institucional.