La Justicia Federal de Salta condenó a cuatro años y ocho meses de prisión a dos transportistas bolivianos que intentaron sacar del país 191 tambores del precursor químico con documentación adulterada. El hecho fue detectado en marzo en el paso fronterizo de Aguas Blancas.
Dos camioneros de nacionalidad boliviana fueron condenados a cuatro años y ocho meses de prisión por intentar sacar de la Argentina más de 35 toneladas de acetato de etilo, un precursor químico utilizado en la elaboración de clorhidrato de cocaína, con documentación adulterada.
La maniobra fue descubierta en marzo pasado, cuando los conductores llegaron al paso internacional de Aguas Blancas, en Salta, pese a que la autorización establecía que debían salir del país por otro cruce fronterizo.
Los condenados fueron identificados como Juan Carlos Nina González y Carlos Puma García, quienes reconocieron su participación en el hecho y aceptaron las penas propuestas por la fiscalía mediante acuerdos plenos. La sentencia fue homologada el 22 de octubre por la jueza Marta Liliana Snopek, del Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta.
Ambos fueron considerados coautores del delito de contrabando agravado de precursores químicos mediante el empleo de documentación adulterada, en grado de tentativa, en concurso ideal con el ingreso de esas sustancias a una zona de frontera sin autorización. Además de las penas de prisión, recibieron una inhabilitación absoluta por el mismo plazo y las sanciones accesorias previstas en el Código Aduanero.
El tribunal también dispuso el decomiso de los 35.144 kilogramos de acetato de etilo incautados, valuados en 167.608.459 pesos, y de los teléfonos celulares de los acusados. En el caso de Puma García, la medida alcanzó, además, al tractor del camión y al semirremolque utilizados para transportar la carga.
La investigación, a cargo del fiscal federal subrogante Marcos Romero, titular de la Sede Fiscal Descentralizada Orán, comenzó el 16 de marzo de 2026, cuando personal de Gendarmería Nacional controló dos camiones de transporte internacional en el paso Aguas Blancas-Bermejo. Los vehículos intentaban cruzar a Bolivia con 191 tambores de acetato de etilo: 95 en uno y 96 en el otro.
La documentación comercial establecía que la mercadería debía salir de la Argentina por el paso internacional de Salvador Mazza y continuar hacia Cochabamba. Sin embargo, los camiones habían recorrido el norte y el litoral argentino hasta llegar a Aguas Blancas.
La operación involucraba a empresas de Uruguay, Bolivia y Panamá. La documentación identificaba como transportistas a Melinor S.A. y a Cooperativa Tarija del Sur SRL, mientras que la adquirente era Southpac Corporation, con domicilio en Panamá. El destinatario final consignado era Corporación Mathiesen S.A., radicada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
El acetato de etilo está incluido en el listado del Registro Nacional de Precursores Químicos (Renpre), que somete su circulación a un régimen especial de fiscalización. Es un solvente que puede utilizarse en procesos de refinamiento para obtener clorhidrato de cocaína.
Durante el control, los choferes presentaron los permisos correspondientes, entre ellos una autorización de tránsito internacional y el itinerario de la carga. Pero al cotejar los documentos con el Renpre, los investigadores detectaron que los dominios de los camiones no estaban autorizados para esa operación y que el recorrido realizado no coincidía con el aprobado.
La fiscalía determinó que la autorización había sido adulterada mediante un documento confeccionado con el formato del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), al que se incorporaron las patentes de los vehículos para dar una apariencia de legalidad al traslado.
Los conductores fueron detenidos y los camiones y la mercadería fueron secuestrados. Un peritaje de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina confirmó que la sustancia era acetato de etilo.
La investigación contó con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que a través de la Red de Fiscales Antidroga de Latinoamérica de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos articuló el intercambio de información con autoridades bolivianas.
Ese trabajo permitió incorporar documentación de una investigación realizada en el país vecino en el marco de la cual habían sido allanados varios depósitos de acetato de etilo. Uno de ellos, ubicado en Cochabamba, pertenecía a la firma señalada como destinataria final de la carga incautada en Salta.
Las medidas determinaron que el inmueble no estaba habilitado para almacenar sustancias químicas, un elemento que reforzó las sospechas sobre el posible desvío del precursor.