La justicia federal argentina abrió una investigación sobre la participación del Gobierno en la salida de Flavio Bolsonaro del país. La oposición reclama explicaciones en el Congreso. El asesor presidencial Santiago Caputo negó haber intervenido en el operativo.
La justicia federal argentina abrió una investigación sobre eventuales irregularidades en la participación del Gobierno en la salida de Flavio Bolsonaro de Brasil, según confirmaron fuentes judiciales. La oposición exige explicaciones sobre el operativo e impulsa la interpelación en el Congreso del jefe de Gabinete, el canciller y la ministra de Seguridad.
Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, partió el miércoles a las 0:21 desde el aeropuerto internacional de Iguazú en un jet privado con destino a Miami, acompañado por su familia. Sobre él pesaba una prohibición de salida impuesta por un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que lo investiga por presunta evasión y lavado de dinero.
Crónicas periodísticas indicaron que el asesor presidencial Santiago Caputo participó en la coordinación del operativo en Misiones, junto con autoridades de Estados Unidos. Caputo desmintió esa versión en su cuenta de X: “Yo estaba jugando al CS en casa no difamen gracias”. Ante una consulta del periodista Damián Nabot, de La Nación, negó haber sido identificado durante un control vehicular de la policía provincial: “Ni idea. Misterio”.
El gobierno de Brasil calificó la medida judicial como “venganza”, según indicó el analista Marcelo Cantelmi en Clarín. El Partido Liberal, que llevó como candidato a Jair Bolsonaro, reconoció el triunfo de Lula en las elecciones brasileñas.
En tanto, el presidente Javier Milei no se había expresado sobre el reconocimiento de Flavio Bolsonaro como ganador de las elecciones ni sobre las acusaciones de fraude, temas que Caputo afirmó en su cuenta de X. La relación entre Argentina y Brasil queda condicionada por este episodio, en un contexto en el que Milei deberá convivir con Lula durante al menos otro año.
La oposición sostiene que el operativo afecta la relación bilateral y exige que el jefe de Gabinete, el canciller y la ministra de Seguridad brinden explicaciones en el Congreso. La investigación judicial busca determinar si hubo irregularidades en la participación del Gobierno argentino en la salida de Bolsonaro.