Un análisis describe el deterioro gradual del sistema de salud, afectado por desequilibrios financieros, fragmentación federal y mecanismos de cobertura judicializados. El texto señala la necesidad de un pacto sanitario y cambios en el financiamiento.
Un informe sobre el sistema de salud argentino sostiene que su deterioro opera de manera gradual y silenciosa, sin episodios visibles como hiperinflaciones o estallidos sociales. Según el texto, los hospitales y clínicas no cierran de un día para otro, lo que lleva a la dirigencia política a considerar que la estructura aún resiste. El documento atribuye la situación a la postergación de fallas estructurales mediante parches fiscales de corto plazo y prórrogas automáticas de emergencias sanitarias.
Financiamiento y aportes
El informe indica que existe un descalce entre los recursos disponibles y las obligaciones exigidas. Menciona el caso del PAMI, donde una masa creciente de pasivos con mayor sobrevida y enfermedades crónicas complejas se combina con una base de aportantes que se contrae y un aumento de la informalidad. Añade que la derogación de la asignación del impuesto PAIS dejó un bache financiero.
Respecto del esquema contributivo, señala que de más de 4,7 millones de monotributistas, un 53% se concentra en la categoría A, con un aporte a la salud cercano a los 25.000 pesos, cifra que el texto califica como irrisoria frente al costo real de cobertura del Programa Médico Obligatorio (PMO) y con un componente cero para financiar la cobertura pasiva del PAMI. Compara que un asalariado formal con salario bruto de 1.500.000 pesos aporta, entre empleado y empleador, 75.000 pesos.
Obras sociales y sindicatos
El documento cuestiona la administración de los aportes por parte de sindicatos y obras sociales. Sostiene que durante décadas administran los aportes de millones de trabajadores, pero cuando esos trabajadores se jubilan y requieren más atención médica, en demasiadas ocasiones pasan a ser considerados una carga. Afirma que la libertad de elegir es una ficción para muchos, ya que no pueden pagar una medicina prepaga y sus enfermedades preexistentes pueden encarecer las alternativas. Concluye que el PAMI no puede ser la red de descarte de los sindicatos.
Gestión hospitalaria y coberturas
El informe señala ineficiencia crónica en la gestión. Indica que hospitales públicos atienden a millones de afiliados de obras sociales o prepagas y quedan atrapados en expedientes burocráticos para cobrar esas prestaciones. Sin mecanismos coercitivos y automáticos de compensación y recupero cruzado, a través de débitos bancarios y la intermediación de la Superintendencia de Servicios de Salud, el hospital público termina oficiando de prestador gratuito y desfinanciado.
Respecto del gasto, sostiene que el PMO actual está desbordado. La incorporación de prestaciones sin respaldo técnico ni asignación presupuestaria transformó a la judicialización en el mecanismo cotidiano de fijación de coberturas. Afirma que cuando cualquier tratamiento experimental o de precio elevado se impone judicialmente a la cápita corriente de una obra social o del PAMI, no se amplían derechos sino que se canibalizan los recursos de millones de afiliados. Propone transformar el PMO en un Plan Nacional de Garantías vinculante para financiadores y jueces, sustentado en criterios de costo-efectividad e impacto presupuestario, e instituir un Fondo Nacional para Medicamentos de Alto Costo financiado mediante compras conjuntas y riesgo compartido.
Subsistema privado y federalismo
El texto indica que el subsistema privado no puede subsistir en un limbo de subsidios o moratorias eternas. Considera necesario terminar con las prórrogas indiscriminadas de la emergencia y requiere una normalización tributaria focalizada, una moratoria sectorial, la revisión del saldo técnico de IVA y de las contribuciones patronales, con contrapartida de digitalización, trazabilidad e interoperabilidad. También propone pasar del pago por prestación a un monitoreo en tiempo real de qué se hace, quién lo hace y a qué costo.
Finalmente, el informe afirma que la salud en Argentina está fragmentada en 24 provincias y que sin un Pacto Federal Sanitario Vinculante y una rectoría técnica sólida del Ministerio de Salud articulada con sociedades científicas y universidades, cualquier reforma será letra muerta. Sostiene que sanear la salud no pasa por estatizaciones anacrónicas ni por ajustes ciegos, sino por unificar reglas, garantizar equidad contributiva, trazar cada peso y blindar la sostenibilidad financiera con fuentes genuinas, incluso evaluando redirigir recursos de sectores estratégicos como la minería y los hidrocarburos.
El documento concluye que la salud argentina necesita decisiones, controles y coraje político, y que seguir gobernando la salud como reacción a las emergencias es ser cómplice de la agonía del sistema. Mientras la política sigue calculando cómo ganar la próxima elección, millones de argentinos necesitan respuestas hoy, señala.