El gobierno de Javier Milei asistió logísticamente al senador brasileño Flavio Bolsonaro para abandonar Argentina con destino a Miami, pese a una orden judicial brasileña que le prohibía salir de su país. La medida profundiza la tensión bilateral con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y genera pedidos de informes en el Congreso.
El gobierno argentino intervino en la salida del senador brasileño Flavio Bolsonaro, quien tenía prohibido abandonar Brasil por una orden del juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Según fuentes oficiales, Bolsonaro ingresó a Argentina y luego partió hacia Miami en un vuelo privado. La operación incluyó el acompañamiento de un patrullero de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y vehículos con patente diplomática, según registros del operativo.
El senador, derrotado en las elecciones brasileñas del domingo, se proclamó en Miami como «nuevo presidente de Brasil» durante una declaración pública. Consultada por la prensa, la Casa Rosada no confirmó ni desmintió su participación directa en la fuga. Voceros informales del gobierno afirmaron que no hubo intervención alguna, mientras que Bolsonaro agradeció públicamente el apoyo recibido.
La decisión argentina se produce en el marco de la deteriorada relación entre el presidente Javier Milei y su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Milei había calificado a Moraes como «basura calva» durante la campaña electoral brasileña. El gobierno argentino no reconoció aún el triunfo de Lula, a diferencia del Partido Liberal de Bolsonaro, que sí lo hizo.
En el Congreso argentino, legisladores de la oposición presentaron pedidos de informes al jefe de Gabinete, Diego Santilli, al canciller Pablo Quirno y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para que expliquen las circunstancias de la salida de Bolsonaro. También se exigió el reconocimiento formal del triunfo de Lula.
El operativo fue coordinado, según el periodista Damián Nabot en el diario La Nación, por Santiago Caputo, asesor presidencial sin cargo público formal. Caputo habría contratado los servicios de la empresa Baires Fly, vinculada a Carlos Colunga, asesor en aeronavegación. Ni Caputo ni Colunga tienen funciones oficiales registradas.
En paralelo, el Congreso debate un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que otorgaría al Consejo de Seguridad Nacional, también bajo influencia de Caputo, la facultad de controlar inversiones de Estados extranjeros en áreas como defensa, telecomunicaciones, minería e hidrocarburos. El texto fue modificado para excluir a empresas que colaboren indirectamente con actividades en Malvinas y para eliminar restricciones a la libertad de expresión y la investigación científica.
El proyecto genera interrogantes sobre su impacto en las reservas del Banco Central, en particular respecto de un posible swap de monedas con China. Ni el Ministerio de Economía ni el Banco Central se pronunciaron sobre esa posibilidad.