El gobierno porteño busca modificar las condiciones de la próxima concesión del servicio de higiene urbana, lo que generó un conflicto con el sindicato de Camioneros y puso en debate las indemnizaciones de los trabajadores.
La decisión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, de modificar las condiciones de la próxima licitación del servicio de higiene urbana abrió una disputa con el sindicato de Camioneros, liderado por Pablo Moyano. En el centro del conflicto se encuentra un monto estimado en 200 millones de dólares correspondiente a indemnizaciones de trabajadores que no están contempladas en el nuevo pliego de licitación.
Según fuentes consultadas, el jefe de Gobierno mantuvo conversaciones con Hugo Moyano para intentar descomprimir el enfrentamiento y mejorar el servicio actual. También hubo contactos de funcionarios de la Ciudad con otros dirigentes del Sindicato de Camioneros. La posición más dura corresponde a Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio, quien advirtió con paralizar la recolección si se avanza contra lo que considera un derecho adquirido.
En el gobierno porteño sostienen que no cederán ante una eventual medida de fuerza. El secretario de Higiene Urbana, Matías Lanusse, y el ministro de Justicia, Gabino Tapia, evalúan la posibilidad de impulsar denuncias penales si Pablo Moyano decide avanzar con una paralización del servicio y la acumulación de residuos en las calles.
La discusión involucra a tres actores con intereses diferentes. El Gobierno porteño pretende eliminar el costo de las indemnizaciones de las futuras concesiones. Camioneros busca preservar ese mecanismo, mientras que las grandes empresas del sector participan en las negociaciones con una posición propia: prefieren sostener un acuerdo con el sindicato y están dispuestas a encontrar una salida económica. Una alternativa que circula es que los pagos se absorban mediante descuentos sobre la rentabilidad de las compañías.
El trasfondo es la denominada Ley Moyano, un mecanismo que permite cobrar indemnizaciones al finalizar las concesiones, incluso cuando los trabajadores continúan desempeñando sus tareas bajo nuevos contratos. El esquema vigente establece que las empresas calculan las indemnizaciones y, una vez auditadas, el Gobierno porteño les transfiere los fondos para abonarlas. Los contratos actuales, prorrogados hasta septiembre de 2028, contemplan ese mecanismo, pero la administración de Macri busca eliminarlo de las futuras concesiones, previstas para el período 2028-2038.
Un antecedente que recuerdan en la Ciudad es el de Solbayres, vinculada al grupo Pescarmona, que sufrió modificaciones en sus recorridos en la Comuna 15. Según la reconstrucción oficial, las dificultades para introducir cambios operativos expusieron el poder de resistencia del sindicato. Las empresas contratistas, como el Grupo Roggio o Emepa del Grupo Romero, manifiestan preocupación por la posición de Camioneros.
Otro actor involucrado es Claudio “el Chiqui” Tapia, excuñado de Moyano, quien preside el Ceamse, el relleno sanitario donde se depositan los residuos sólidos urbanos.
El nuevo pliego pretende abandonar el esquema tradicional de contratación y avanzar hacia un sistema de pagos por desempeño: las empresas cobrarán en función de los servicios efectivamente prestados y los resultados obtenidos.
La recolección involucra alrededor de 6.000 empleados, 584 camiones y una cobertura de 28.300 cuadras. La Ciudad genera unas 6.200 toneladas diarias de residuos de distintas categorías. De ese volumen, aproximadamente 3.100 toneladas requieren tratamiento y disposición.
El nuevo esquema también establece condiciones que podrían limitar la competencia. Entre ellas, una experiencia mínima de cinco años, requisito que, según estimaciones oficiales, dejaría en condiciones de participar a unas 15 grandes compañías.
Otro cambio será la incorporación de camiones con sistemas de carga bilateral y nuevos contenedores. Actualmente, cerca del 80% de las rutas utiliza tecnología bilateral. Los equipos más modernos permiten levantar los recipientes desde arriba y descargarlos por su parte inferior, con una vida útil estimada de diez años, frente a los tres años de los modelos laterales.
La tecnología también promete abrir otro frente con Camioneros. La Ciudad pretende instalar cámaras con inteligencia artificial en los camiones para verificar que los trabajadores recojan las bolsas depositadas alrededor de los contenedores. Fuentes oficiales aseguran que algunos dispositivos fueron dañados por operarios y vinculan esos episodios con la resistencia a mayores controles. También se proyectan sensores para medir el nivel de ocupación de los contenedores, especialmente en zonas gastronómicas, y dispositivos GPS para controlar los recorridos de los barrenderos.