El recinto está paralizado desde el 7 de octubre. El PJ reclama que Alejandra Ferrero se aparte de su banca por una causa judicial que involucra a un empleado de su despacho, mientras la UCR la designó presidenta de la bancada. La última sesión con actividad fue el 22 de septiembre.
La Legislatura de Córdoba no sesiona desde el 7 de octubre, cuando la reunión prevista se interrumpió a los tres minutos sin tratar la agenda. La última sesión con desarrollo fue la del 22 de septiembre, que terminó con el retiro del bloque del PJ. Desde entonces se acumulan pliegos, pedidos de informes y proyectos sin tratamiento.
El conflicto se centra en el reclamo del PJ para que la legisladora Alejandra Ferrero se aparte de su banca mientras se esclarece una causa judicial que involucra a Omar Ludueña, empleado legislativo asignado a su despacho, a quien la Justicia dictó prisión preventiva por supuesto abuso sexual. La UCR respondió designando a Ferrero como presidenta de su bloque, con el respaldo de los 18 legisladores radicales y el apoyo de toda la oposición, totalizando 35 voluntades.
El legislador Leonardo Limia sostuvo que el caso es «grave» y que la UCR debe aplicar el mismo criterio que exigió cuando el exlegislador Ramón «Cañito» Flores quedó involucrado en un escándalo por sus asesores con antecedentes penales. Desde la UCR se afirma que existe una persecución contra Ferrero y que el oficialismo busca forzar una concesión que no obtuvo por la vía de los votos.
La confrontación también se trasladó a las redes sociales. Matías Gvozdenovich, quien dejó la jefatura del bloque radical para asumir la conducción partidaria, afirmó que «para (Martín) Llaryora el Parlamento es mala palabra» y responsabilizó a Facundo Torres Lima y a Juan Manuel Llamosas por cerrar las puertas de la Cámara. El jefe oficialista respondió: «Te corrieron. Decí las cosas como son», y lo acusó de buscar «un golpe de efecto para seguir generando polémicas».
El radical Miguel Nicolás se sumó al cruce: «Facundo, no sesionando la Legislatura, ¿cuál es la mugre que no querés que se vea?». Mencionó causas judiciales vinculadas con la excúpula policial y funcionarios provinciales, y sostuvo que «las autoridades políticas quedaron fuera del expediente».
En paralelo, el diálogo entre bloques no arroja resultados. Dentro del PJ hay diferencias sobre la estrategia de no sesionar: algunos sectores sostienen el reclamo contra Ferrero y otros advierten sobre el costo político de paralizar el recinto. Desde la UCR, una fuente consideró «no descabellado» persistir en la denuncia de un bloqueo institucional, en línea con el planteo de Gregorio Hernández Maqueda sobre una eventual intervención federal.
La agenda legislativa incluye un proyecto para unificar el marco normativo de fomento industrial, presentado en comisión por el ministro Fernando Sibilla, que tuvo recepción favorable entre bloques opositores. El legislador Oscar Agost Carreño afirmó: «Espero que este proyecto sea la llave para que se vuelva a abrir. Hay que salir de las peleas políticas para volver a legislar para los cordobeses». El avance en comisión no define cuándo llegará al recinto.
El escenario más extremo es que la Legislatura no vuelva a sesionar hasta el debate del Presupuesto 2027, lo que implicaría casi dos meses sin actividad. Un opositor advirtió: «La semana que viene no tenemos temas para tratar», salvo que el PJ acelere el dictamen del proyecto industrial para habilitar una sesión.