El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que estudia liberar de manera condicional a cerca del 50% de los presos que considera colaboradores de las pandillas. La propuesta llega después de más de cuatro años de régimen de excepción, durante los cuales fueron detenidas más de 93.000 personas.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que estudia liberar de manera condicional a cerca del 50% de los presos que considera colaboradores de las pandillas. Según el mandatario, podrían beneficiarse quienes habrían tenido una participación menor en las actividades de estas organizaciones o actuaron bajo amenazas. La propuesta llega después de más de cuatro años de régimen de excepción, durante los cuales fueron detenidas más de 93.000 personas.
Durante una conferencia de prensa el 13 de octubre, Bukele aseguró que su plan «beneficiaría más o menos a un 50 % de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con las pandillas». El mandatario distinguió entre quienes cometieron delitos graves y aquellos que fueron obligados a vigilar las calles para advertir sobre la llegada de la Policía. También aclaró que las excarcelaciones serían bajo vigilancia y que, según su criterio, los beneficiarios seguirían siendo considerados culpables.
Ibrajim Bukele, hermano del presidente, había informado en abril sobre la existencia de una comisión encargada de revisar las detenciones realizadas durante el régimen de excepción. Según explicó, el equipo trabajaba con la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y Centros Penales. Bukele confirmó que su Gobierno revisa los expedientes, pero negó que su hermano integre la comisión. El Ejecutivo todavía no precisó cuándo comenzarían las liberaciones, qué requisitos deberán cumplir los beneficiarios ni quién tomará las decisiones.
Abraham Ábrego, director legal de Cristosal, consideró que el anuncio supone un reconocimiento indirecto de los errores cometidos durante las detenciones masivas. «Hoy el Ejecutivo admite de forma velada su error, pero con un lenguaje confuso», afirmó en declaraciones a EFE. Cristosal pidió revisar las detenciones sin pruebas suficientes y reparar los daños sufridos por las personas encarceladas injustamente.
El régimen de excepción comenzó el 27 de marzo de 2022 y permitió realizar detenciones masivas mediante la suspensión de determinadas garantías constitucionales. Desde entonces, organizaciones humanitarias denunciaron arrestos arbitrarios, torturas y cientos de muertes bajo custodia estatal. Bukele defendió la continuidad de las medidas extraordinarias y aseguró que le gustaría suspenderlas en el futuro, aunque no estableció una fecha para hacerlo.