La peruana de 24 años, residente permanente legal en Wichita, habría declarado ser ciudadana estadounidense para registrarse y votar en las elecciones de 2024. El Uscis colaboró en la investigación.
Mariana Alexandra Dewey, una ciudadana peruana de 24 años que reside en Wichita, Kansas, enfrenta cuatro cargos federales por presuntamente haberse declarado ciudadana estadounidense para registrarse y votar en las elecciones de 2024.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) informó que Dewey enfrenta un cargo de falsa declaración de ciudadanía, uno de falsa declaración de ciudadanía estadounidense para votar, uno de conducta electoral fraudulenta y uno por voto de un extranjero en una elección federal.
La acusación formal fue presentada por un gran jurado federal en Wichita y anunciada por la Fiscalía del Distrito de Kansas. Uscis colaboró en la investigación.
Los documentos judiciales aportados por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) sitúan los hechos que dieron origen al proceso en noviembre de 2024. En ese momento, Dewey presuntamente se hizo pasar por ciudadana estadounidense para registrarse como votante en esos comicios.
La participación de la peruana, que es residente permanente legal, no habría terminado con el registro. Las autoridades sostienen que posteriormente acudió a las urnas tras certificar que cumplía con el requisito de nacionalidad y que tenía derecho a sufragar. En aquella elección había candidatos a presidente, vicepresidente, senador y representante de Estados Unidos.
La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) investiga el caso. El fiscal federal adjunto Larry Fadler, del Distrito de Kansas, está a cargo del proceso. La primera comparecencia de Dewey ante un tribunal estaba programada para el 14 de septiembre.
Los otros casos de presunto fraude electoral anunciados por el DOJ
El DOJ informó sobre seis personas acusadas en California, Kansas y Luisiana. Además del expediente de Dewey, el comunicado incluyó investigaciones por presunta utilización de identidades robadas en peticiones electorales, registro fraudulento y voto de personas que no tenían ciudadanía estadounidense.
En California, James Brass, de 47 años; Courtney Price, de 49; y Jateisha Herron, de 33, fueron acusados en un caso relacionado con la recolección de firmas para iniciativas que buscaban ingresar en las papeletas estatales de 2026. Según los documentos judiciales, habrían utilizado datos de votantes registrados para completar peticiones con firmas fraudulentas.
Las autoridades sostienen que Brass y Price pagaron a personas en Skid Row, en el centro de Los Ángeles, para que copiaran información personal y firmaran con identidades ajenas. Brass habría recibido aproximadamente US$41.600 de coordinadores vinculados con una empresa de gestión de peticiones. Los tres enfrentan una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo si son declarados culpables.
En Luisiana, Bridget Johnson, de 53 años, fue acusada de registro fraudulento de votantes y voto por parte de un extranjero. También fue imputado Michael Wedderburn, de 52 años y residente de Jamaica, por voto de un extranjero.
Johnson presuntamente presentó el 14 de julio de 2024 una solicitud de inscripción electoral a nombre de Wedderburn y declaró falsamente que era ciudadano estadounidense. La acusación sostiene que él posteriormente votó el 5 de noviembre de 2024 en una elección que incluía un cargo federal y la contienda por la alcaldía de Cotton Valley.
Johnson enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión si es declarada culpable, mientras que Wedderburn podría recibir hasta un año, además de sanciones económicas adicionales.
Qué dijeron el DOJ y el FBI sobre las acusaciones de fraude electoral
El fiscal general Todd Blanche afirmó que el DOJ actuará contra quienes “manipulan el sistema electoral, votan ilegalmente o cometen fraude electoral”. También señaló que las personas que intenten afectar la integridad de los comicios “serán procesadas como corresponde”.
El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, sostuvo que la protección de la integridad electoral constituye una de las prioridades del organismo. Según expresó, utilizarán “todos los recursos disponibles” para investigar denuncias creíbles de fraude y votación ilegal.
El fiscal federal Ryan A. Kriegshauser, del Distrito de Kansas, indicó que los casos continúan bajo investigación y procesamiento. También advirtió que quienes no estén legalmente autorizados para sufragar pueden enfrentar “graves consecuencias penales” si un tribunal determina que reclamaron ilegalmente la ciudadanía estadounidense y votaron o intentaron hacerlo.
El DOJ aclaró que una acusación formal contiene únicamente alegaciones y que todos los involucrados se presumen inocentes hasta que su culpabilidad se demuestre más allá de toda duda razonable ante un tribunal.