La fecha establecida por las Naciones Unidas en 2007 busca promover los principios democráticos y evaluar el estado de los derechos cívicos a nivel global.
Cada 15 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Democracia, una jornada establecida por las Naciones Unidas para reflexionar sobre el rol de la ciudadanía en la toma de decisiones y promover los principios democráticos.
La palabra democracia proviene de los conceptos griegos demos y kratos, que significan pueblo y poder. Cada país adapta el sistema para organizar su Estado según su historia y cultura, pero la participación popular es la base de cualquier sociedad.
La creación oficial de esta conmemoración ocurrió el 8 de noviembre de 2007, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución para instituir la fecha en el calendario a partir de 2008. La elección del día rinde tributo a un acontecimiento previo ocurrido en 1997, cuando la Unión Interparlamentaria aprobó la Declaración Universal de Democracia.
Aquel avance fue el resultado de una serie de reuniones internacionales impulsadas a fines de la década de 1980 por la dirigente filipina Corazón Aquino. Su llegada al poder en 1986, tras una movilización popular, terminó con una larga dictadura en su país y sirvió como antecedente para promover estos encuentros globales. Años más tarde, tras una cumbre realizada en Qatar, los países participantes presentaron la propuesta formal que la ONU terminó adoptando.
En Argentina, la fecha cobra relevancia al cumplirse 43 años ininterrumpidos de vida institucional y constitucional. El regreso de la democracia ocurrió el 10 de diciembre de 1983, dejando atrás la última dictadura militar y reabriendo una etapa de recuperación de las libertades civiles.
Con el restablecimiento de las instituciones, la sociedad argentina recuperó el derecho al voto popular, la libertad para expresarse sin censura estatal y la posibilidad de participar activamente en la vida política. Con el paso del tiempo, el sistema se consolidó en el país como la única vía legítima para resolver conflictos de manera pacífica, garantizar la convivencia y seguir ampliando derechos sociales.