La organización Reset Republicano acusó al presidente Javier Milei de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y discriminación por sus declaraciones en el colegio ORT. El caso fue asignado al Juzgado Federal N°12 de Comodoro Py.
Buenos Aires, 31 agosto (NA) – El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente por el discurso que brindó en el colegio ORT frente a alumnos de 4° y 5° año, en el que se refirió a la oposición y al periodismo.
La presentación fue realizada por la organización Reset Republicano, por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y discriminación. El caso quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12 de Comodoro Py.
En la denuncia se indicó: “El Presidente, en ejercicio de su cargo y valiéndose de la estructura oficial de comunicación institucional de la Presidencia, utilizó un espacio escolar para menores de edad, con el fin de desplegar una arenga de carácter proselitista, agraviar a opositores y compeler a un auditorio de adolescentes a hostigar públicamente a la prensa”.
Los abogados de la entidad sostuvieron que Milei “abandonó su deber de priorizar el interés público sobre el particular intercalando afirmaciones de corte claramente partidario” en su discurso y realizó “declaraciones contrarias a la libertad y pluralismo políticos”. Además, afirmaron que “omitió deliberadamente su deber primordial como jefe de Estado de ejecutar, respetar y garantizar las leyes de orden público que protegen la salud democrática y la integridad de las infancias”.
También señalaron que “abusó de la relación asimétrica que la ocasión le atribuía para imponer a adolescentes insólitas y académicamente cuestionables teorías sobre el origen ‘satánico’ del marxismo” y que “promovió entre adolescentes su conocido odio al periodismo”.
Durante su disertación en la ORT, el presidente volvió a cuestionar el rol de la prensa y arengó a los alumnos a abuchearla: “Si quieren hacerlo más fuerte se los voy a festejar”, dijo.
En la denuncia se expresó: “La jurisprudencia argentina ha establecido que la palabra presidencial posee un efecto multiplicador y un peso institucional que de ninguna manera puede equipararse al de un ciudadano común. Al usar el aparato de comunicación estatal para propagar discursos de superioridad ideológica y conminar a menores de edad a participar de actos de repudio público, el mandatario desborda los límites de la libertad de expresión para ingresar en el terreno de la incitación al odio ideológico, perfeccionando la conducta típica prevista en la ley antidiscriminatoria”.