La distribución desigual de escaños en la Cámara de Diputados, conocida como malapportionment, genera una sobrerrepresentación de algunas provincias en detrimento de otras. El fenómeno, que contradice el artículo 45 de la Constitución Nacional, persiste por la vigencia de una ley de la dictadura y la falta de actualización censal.
El sistema electoral argentino para la elección de diputados nacionales presenta una distribución desigual de escaños entre distritos en relación con su población. Este fenómeno, denominado malapportionment, implica que los ciudadanos de algunas provincias tienen un peso representativo mayor que los de otras.
La Constitución Nacional, en su artículo 45, establece que el número de representantes será de uno por cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500. Tras cada censo, el Congreso debe fijar la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado.
Sin embargo, la Ley 22.847, sancionada durante la última dictadura militar y aún vigente, fijó un mínimo de cinco diputados por distrito. Esta disposición, sumada a la falta de actualización de la representación conforme a los censos sucesivos, genera una desproporcionalidad electoral.
Según datos del último censo, la Provincia de Buenos Aires elige 70 diputados para una población de aproximadamente 17,5 millones de habitantes, lo que representa cerca de 250.000 habitantes por diputado. En contraste, Tierra del Fuego, con unos 186.000 habitantes, elige cinco diputados, es decir, unos 37.000 habitantes por diputado. En términos estrictamente representativos, el voto de un fueguino equivale a aproximadamente 6,7 veces el de un bonaerense.
Otro caso es el de Córdoba, que con 3,84 millones de habitantes elige 18 diputados, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 3,12 millones, elige 25. De esta manera, el peso representativo de un habitante de CABA es aproximadamente el doble que el de un cordobés.
El sistema bicameral argentino contempla dos principios de representación: Diputados responde a un criterio poblacional, mientras que el Senado introduce el principio territorial, con igual cantidad de representantes por provincia. En la Cámara de Diputados, se superponen dos fuentes de malapportionment: el piso mínimo de cinco bancas por distrito y la falta de actualización del número de escaños según los cambios poblacionales.
La Cámara Nacional Electoral se ha pronunciado en distintas oportunidades reconociendo la existencia del mandato constitucional e instando al Congreso a cumplirlo. La Justicia, según el análisis de especialistas, ha actuado al encomendar al Congreso la corrección sin avanzar sobre sus atribuciones, en respeto al principio de división de poderes.
Las alternativas para corregir el problema enfrentan dificultades. Una opción sería quitar bancas a las provincias sobrerrepresentadas para asignarlas a las subrepresentadas, lo que requeriría el voto de los legisladores de los distritos que perderían representación. Otra alternativa sería aumentar el número total de bancas, pero si se tomara como base a Tierra del Fuego, la Cámara debería contar con unos 1.236 miembros.
Existen opciones intermedias, como aumentar la Cámara de 257 a unos 350 o 400 miembros, asignando las nuevas bancas a las provincias más subrepresentadas y garantizando que ninguna jurisdicción pierda las que posee. No obstante, la viabilidad política de estas medidas resulta limitada en el contexto actual.