La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego dio 15 días hábiles al gobernador Gustavo Melella para que entregue un informe documentado sobre las autorizaciones y controles vinculados al petrolero VS Promise, de bandera británica, en Río Cullen y Ushuaia.
La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego intimó al gobernador Gustavo Melella a entregar en un plazo de 15 días hábiles un informe completo y documentado sobre las autorizaciones, inspecciones y controles vinculados con el petrolero VS Promise, registrado en la Isla de Man. La notificación, identificada como Nota F.E. 251/26, ingresó a la Gobernación el 26 de agosto a las 13.01.
El requerimiento fue firmado por el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, y se enmarca en el expediente F.E. 48/26, iniciado a partir de una denuncia por la presencia del buque de bandera británica. La Fiscalía solicitó expedientes físicos y digitales, resoluciones, actas, correos y comunicaciones oficiales. Se trata de una actuación administrativa destinada a revisar la legalidad de lo actuado por funcionarios y áreas del Poder Ejecutivo, sin que ello constituya una imputación penal ni pruebe por sí mismo una infracción.
La intimación abarca cinco ejes: exige registros históricos y actuales de amarre, despacho, practicaje y operaciones del VS Promise en el puerto de Ushuaia y en la monoboya Hidra de Río Cullen; consultas previas de agencias marítimas, TotalEnergies u organismos nacionales; y cualquier aval, autorización o “no objeción” provincial, incluso verbal, tácita o enviada por medios digitales. También reclama identificar a los funcionarios intervinientes y remitir las actas de inspección, los manifiestos de carga y los protocolos de cruce de datos con Prefectura Naval.
El contexto previo al requerimiento incluye declaraciones cruzadas entre el gobierno provincial y la administración nacional. Melella repudió públicamente el amarre del tanquero en Ushuaia y atribuyó la responsabilidad a la administración nacional, que mantiene intervenido ese puerto desde enero. La Casa Rosada respondió que la Provincia conocía y había avalado las operaciones desarrolladas previamente en Río Cullen. El Ejecutivo fueguino negó haber tenido acceso a la bandera o a la documentación marítima del buque, pero reconoció que inspectores provinciales fiscalizaron el volumen de crudo cargado.
Las dos localizaciones tienen competencias diferentes. La escala del 24 de agosto en Ushuaia ocurrió en una terminal bajo administración nacional, mientras que la carga de petróleo en Río Cullen involucró recursos provinciales y el poder de policía hidrocarburífero de Tierra del Fuego. Por ello, el fiscal Martínez de Sucre pidió reconstruir toda la secuencia, desde las comunicaciones previas hasta la certificación y facturación de la operación en el norte de la isla.
Una nota interna de la Dirección Provincial de Puertos, fechada el 20 de agosto, consignó que el VS Promise ingresó a Río Cullen el 12 de agosto y partió el 13, con 22.464,570 toneladas métricas de crudo cargadas. El documento ordenó facturar dos días de uso del espejo de agua y la carga a la agencia marítima interviniente. Trabajadores portuarios sostuvieron luego que la documentación llegó a la Provincia el 19, cuando la maniobra ya había terminado, y que Prefectura había autorizado la entrada y la salida.
La discusión también alcanza a la Ley Provincial 852, conocida como Ley Gaucho Rivero, que regula la permanencia, el amarre, el abastecimiento y las operaciones logísticas de determinados buques vinculados con intereses británicos en el Atlántico Sur. La apertura del expediente no determina que esa norma haya sido violada. La Fiscalía exigió que el servicio jurídico de la Gobernación exponga qué criterio aplicó y qué controles utilizó ante las maniobras.